Casi 900 personas fueron detenidas en Londres durante una protesta en apoyo a un grupo propalestino prohibido. El episodio reabre el debate sobre hasta qué punto Europa está dispuesta a restringir derechos fundamentales en nombre de la seguridad.
El sábado, la policía metropolitana de Londres detuvo a 857 manifestantes que expresaban su apoyo a Palestine Action, organización proscrita en julio bajo la ley antiterrorista británica. Otros 33 fueron arrestados por incidentes con los agentes. En total, casi 900 personas privadas de libertad en un solo día: una cifra que marca un récord en la historia reciente de las protestas en el Reino Unido.
El grupo había sido prohibido tras irrumpir en una base de la Fuerza Aérea británica y provocar daños millonarios. Para el gobierno laborista, la ilegalización responde a la necesidad de proteger instalaciones estratégicas. Sin embargo, la decisión generó críticas dentro y fuera del país: la ONU y organizaciones de derechos humanos advierten que esta medida es desproporcionada y que amenaza el derecho a la libertad de expresión.
La escena frente al Parlamento fue reveladora. Entre los arrestados, muchos jubilados y ciudadanos comunes que insistían en que no son “terroristas”, sino defensores de un principio político: el derecho a manifestarse contra la guerra en Gaza. Las imágenes de una mujer de 74 años clamando que la prohibición debe anularse contrastan con la narrativa oficial que presenta estas marchas como un riesgo para la seguridad.
La tensión se resume en un punto central: ¿puede un Estado democrático reprimir de forma tan contundente un movimiento social por el simple hecho de que apoya a una organización prohibida? El gobierno insiste en que cualquiera puede seguir marchando por Palestina siempre que no reivindique directamente a Palestine Action. Pero esa frontera resulta difusa. Basta un cartel, una consigna o una declaración para exponerse a seis meses de cárcel, y hasta catorce años si se considera que alguien organizó la protesta.
Más allá de Londres, el episodio revela una tendencia creciente en Europa: la criminalización de formas de protesta vinculadas con la causa palestina. Lo que para unos es un acto de seguridad nacional, para otros es un síntoma de intolerancia frente a una solidaridad incómoda. En esa tensión, los Estados arriesgan credibilidad cuando se proclaman defensores de libertades que restringen en su propio territorio.
La paradoja es que la prohibición y las detenciones masivas han aumentado la visibilidad de un movimiento antes marginal. Palestine Action, prácticamente desconocido hace unos meses, se ha convertido en símbolo de resistencia para quienes consideran que callar equivale a legitimar la violencia en Gaza.
El Reino Unido, como otras democracias europeas, enfrenta una prueba decisiva: garantizar la seguridad y, al mismo tiempo, preservar la disidencia como derecho legítimo. Cuando un Estado equipara a ciudadanos pacíficos con terroristas, el resultado afecta directamente la vigencia de las libertades públicas y la confianza en el pacto democrático.
