Hoy24- Madrid
El 12 de junio, Santos Cerdán dejó su cargo como secretario de Organización del PSOE. La decisión llegó tras un informe de la Guardia Civil que lo vincula con una trama de comisiones ilegales. Según el documento, habría gestionado, junto a su exasesor Koldo García, pagos irregulares relacionados con contratos públicos.
Esa misma tarde, el presidente del Gobierno pidió disculpas ante las cámaras y anunció una auditoría interna en el partido. También prometió revisar los mecanismos de adjudicación de contratos públicos. Días después, el Tribunal Supremo citó a Cerdán para declarar el 25 de junio, investigado por delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal.
El informe habla de más de 600.000 euros en comisiones, supuestamente obtenidas a través de contratos de emergencia durante la pandemia. También señala prácticas de movilización interna en el PSOE desde hace más de una década.
El caso ha abierto tensiones dentro del partido y entre sus aliados parlamentarios. Algunos piden explicaciones claras. Otros reclaman auditorías sobre los contratos firmados estos años. Desde la oposición, se habla de elecciones anticipadas. Desde la dirección socialista, se intenta trazar una línea entre los hechos atribuidos a una persona y el funcionamiento del Ejecutivo.
De fondo queda una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llegó la red de influencias y beneficios? Por ahora, el PSOE ha empezado una reorganización interna. Intenta recuperar el control en un momento político frágil, con el Congreso muy fragmentado y el apoyo parlamentario siempre en juego.
El proceso judicial seguirá su curso. Pero incluso antes de que hable la justicia, el episodio ha reactivado un viejo debate: cómo se combinan el poder político, el dinero público y los controles necesarios para evitar los abusos.
