La muerte de dos opositores presos y las purgas dentro del sandinismo marcan la consolidación del poder de Rosario Murillo, elevada a “copresidenta” en un país donde la sucesión de Daniel Ortega ya no es un horizonte, sino un presente.
La transición en Nicaragua dejó de ser un secreto a voces. Con 80 años a la vuelta de la esquina y una salud quebrantada por el lupus y la insuficiencia renal, Daniel Ortega cede cada día más espacio a su esposa, Rosario Murillo, de 74 años. No se trata ya de suplencia temporal: una reforma constitucional la convirtió en copresidenta y, con ese título, Murillo despliega sin disimulo la agenda de su propia era.
El signo más brutal de este nuevo tiempo es la represión. En agosto, los cadáveres de dos opositores —el abogado Carlos Cárdenas y el activista Mauricio Alonso— fueron entregados a sus familias tras semanas de desaparición forzada. Washington denunció los hechos y exiliados como Arturo McFields no dudan en señalar que se trata de una etapa marcada con el sello de Murillo. Para Human Rights Watch, es un ensayo de poder: la represión como mecanismo para preparar la sucesión.
Pero la violencia no se limita a opositores externos. Viejos comandantes sandinistas como Bayardo Arce, Álvaro Baltodano o Henry Ruiz, históricos compañeros de Ortega, han sido detenidos o depurados. Incluso el jefe de su escolta cayó en desgracia. La purga incluye a militantes menos conocidos e incluso al hijo de Carlos Fonseca, el fundador del Frente Sandinista. Analistas en el exilio coinciden: la “limpieza” alcanza al núcleo histórico para impedir cualquier alternativa interna.
La fragilidad física del presidente hace visible la urgencia. Ortega aparece pálido, con dificultad para caminar, ausente de ceremonias clave como el aniversario de Sandino. El diagnóstico médico habla de deterioro acelerado y en cada aparición pública se refuerza la idea de que el mando ya se trasladó. El 2 de septiembre, en el aniversario del Ejército, Murillo encabezó el acto y entregó galones de ascenso a los oficiales, un gesto que cristaliza su poder militar. Ortega justificó la presencia de su esposa en la cúspide con un argumento de género: “las mujeres se han incorporado en todos los campos”.
La sucesión también se explica como un asunto familiar. Desde 2007, cuando Ortega regresó al poder, Murillo ha ampliado su influencia: primero vocera, luego vicepresidenta, ahora copresidenta. En paralelo, todos sus hijos, salvo Zoilamérica Narváez —la hija que denunció a Ortega por abuso sexual en 1998—, ocupan cargos estratégicos en ministerios o empresas estatales. Laureano Ortega Murillo se proyecta como figura internacional al frente de los vínculos con Rusia y China. La lógica dinástica se consolida, y muchos exiliados la comparan ya con Corea del Norte.
En este escenario, la pregunta no es si habrá transición, sino si habrá resistencia social capaz de disputarla. La represión de 2018, con más de 300 muertos, dejó una huella de miedo y desmovilización. Hoy, el control de Murillo se asienta en la ausencia de contrapesos internos, en el exilio de opositores y en el respaldo de aliados externos como Moscú y Pekín.
La Nicaragua de 2025 aparece, así, atrapada en una sucesión anticipada: un régimen en el que la enfermedad del caudillo acelera el ascenso de la consorte. Y donde la represión, las purgas y la concentración de poder en una familia sugieren que el futuro inmediato no será apertura ni transición democrática, sino la consolidación de un modelo dinástico y autoritario.
