El Consejo General del Poder Judicial ha activado el mecanismo de control contra el juez Peinado tras recibir quejas por la instrucción de los casos contra la muer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, denunció irregularidades en su interrogatorio como testigo y la posterior tergiversación de su testimonio ante el Tribunal Supremo. Más Madrid y el PSOE presentaron denuncias adicionales por dictar una prórroga con dos meses de retraso que compromete otra investigación. Las diligencias informativas pueden derivar en sanciones que van desde advertencias hasta la expulsión de la carrera judicial.
El Consejo General del Poder Judicial ha puesto bajo vigilancia disciplinaria al juez Juan Carlos Peinado tras recibir tres denuncias por su forma de instruir procedimientos con alta repercusión política. La autoridad disciplinaria ha abierto diligencias informativas para determinar si el magistrado incurrió en errores o excesos durante la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y en el caso de presunta malversación de un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid. Este mecanismo de control supone el primer paso hacia una eventual sanción disciplinaria que podría alcanzar desde simples advertencias hasta el traslado forzoso o la expulsión de la carrera judicial.
Las denuncias revelan un patrón de conducta que preocupa al órgano de gobierno de los jueces. En el caso más grave, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, acusó al magistrado de actuar de forma «irregular» durante su interrogatorio como testigo en la causa contra la mujer del presidente del Gobierno. Durante esa comparecencia, Peinado acusó al ministro de contestar con «evasivas» y se permitió cuestionar sus gestos con frases como «no sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa». Posteriormente, el juez tergiversó el testimonio de Bolaños para sustentar su petición al Tribunal Supremo de que abriera una causa contra el ministro, solicitud que fue rechazada por el alto tribunal.
La segunda denuncia contra Peinado procede de Más Madrid y se centra en un error de gestión procesal que compromete gravemente otra investigación. El juez dictó con dos meses de retraso una prórroga en el caso de presunta malversación del gerente de la Empresa Municipal de Transportes, que investigaba si esta empresa pública pagó un precio desorbitado por un acto a OkDiario. La Audiencia Provincial de Madrid constató que numerosas diligencias quedaron invalidadas al haber sido acordadas fuera de plazo, comprometiendo el esclarecimiento de los hechos. Una tercera denuncia del diputado socialista Guillermo Hita incide en los mismos hechos, considerando que Peinado desatendió sus obligaciones judiciales.
Un historial de controversias que trasciende lo procesal
El expediente disciplinario abierto contra Peinado se enmarca en un historial de actuaciones controvertidas que han generado críticas tanto desde el ámbito político como profesional. Sus métodos de instrucción en casos mediáticos han sido cuestionados repetidamente por juristas que consideran que algunos de sus procedimientos exceden los límites de la ortodoxia judicial. El magistrado ha protagonizado episodios como la citación como investigada de Begoña Gómez por delitos que posteriormente ha ido modificando, o la petición de declaración del propio presidente del Gobierno sin base procesal sólida, según sostienen sus críticos.
La tergiversación del testimonio de Bolaños ante el Supremo constituye el episodio más grave de los denunciados. Según la denuncia del ministro, el juez manipuló sus declaraciones para presentar ante el alto tribunal una versión distorsionada que respaldara sus sospechas contra el Ejecutivo. Esta práctica, de confirmarse, vulneraría principios fundamentales del proceso penal y podría constituir una falta muy grave según el régimen disciplinario. El Tribunal Supremo rechazó la petición de Peinado tras constatar que no existían indicios suficientes para procesar al ministro, lo que evidencia la inconsistencia de la solicitud judicial.
El CGPJ puede imponer sanciones que van desde advertencias y sanciones económicas hasta traslados forzosos, suspensiones temporales y expulsiones definitivas de la carrera judicial. El órgano de gobierno tramita más de quinientas denuncias anuales, aunque solo una minoría deriva en expedientes disciplinarios. En 2023 se abrieron 540 diligencias informativas, pero únicamente 24 casos llegaron a convertirse en expedientes disciplinarios formales. La mitad de estos expedientes se iniciaron por desatención o retraso injustificado en la tramitación de procedimientos, precisamente el precepto invocado en el caso de la prórroga tardía dictada por Peinado.
El tiempo medio de tramitación de una diligencia informativa es de 56 días, aunque casos recientes como las investigaciones a los jueces Manuel Ruiz de Lara y Adolfo Carretero han superado ampliamente ese plazo. La jubilación de Peinado está prevista para septiembre de 2026, lo que genera dudas sobre si el procedimiento disciplinario, en caso de derivar en expediente formal, podría concluirse antes de su cese. Algunas fuentes apuntan que esta circunstancia temporal podría influir en la decisión final del CGPJ sobre la apertura de un expediente sancionador.
La apertura de diligencias disciplinarias contra Peinado representa un momento significativo en la relación entre el poder judicial y la supervisión de sus miembros. El caso ilustra cómo el CGPJ activa sus mecanismos de control cuando recibe denuncias fundamentadas sobre la actuación de magistrados en procedimientos sensibles. La resolución de estas diligencias marcará un precedente sobre los límites tolerables en la instrucción de casos con repercusión política y sobre el papel del órgano de gobierno de los jueces como garante de la rectitud judicial.
