La Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica sirve como plataforma para que Vox difunda sus teorías contra la Ley de Violencia de Género desde la sede de la soberanía popular. El 4 de septiembre celebrarán unas jornadas sobre «ideología de género y denuncias falsas» autorizadas por PSOE y PP, en las que repetirán que el 80% de los hombres denunciados son «inocentes» y que las madres cometen el 70% de los filicidios. Creada en enero de 2022, Anavid forma parte de una red internacional de asociaciones masculinistas que opera en varios países bajo el paraguas de DAVIA, mientras que su presidenta María Legaz es afiliada de Vox y la organización ha recaudado casi 100.000 euros para procesos judiciales.
El Congreso de los Diputados se prepara para acoger el 4 de septiembre una de las jornadas más polémicas de la legislatura. Bajo el título «Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina», Vox organizará un evento que contará con el respaldo institucional que le proporciona la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica (Anavid), una entidad creada específicamente para dar cobertura social a las tesis negacionistas de la formación ultraderechista. La autorización de estas jornadas, aprobada por la Mesa del Congreso con los votos favorables del PSOE y PP y el rechazo de Sumar, marca un nuevo hito en la institucionalización del discurso antifeminista dentro de la sede de la soberanía popular española.
La elección de Anavid como organizadora no resulta casual. Desde su fundación en enero de 2022, esta asociación ha servido como plataforma aparentemente independiente para que Vox pueda presentar sus posiciones contra la Ley de Violencia de Género como si emanaran de la sociedad civil y no de un partido político. El mecanismo resulta eficaz: mientras Vox aparece como mero anfitrión parlamentario, Anavid proporciona la legitimidad social necesaria para defender teorías que califican la legislación de 2004 como «inconstitucional» y sostienen que España vive una «avalancha de denuncias falsas» contra los hombres, narrativa que las cifras oficiales desmienten sistemáticamente.
La estrategia de blanqueamiento se completa con la participación de ponentes internacionales, especialmente los abogados argentinos Patricia Anzoátegui y Rubén Melloni, del Observatorio de Falsas Denuncias, que aportarán una dimensión transnacional al discurso negacionista. Esta internacionalización del movimiento antifeminista forma parte de una estrategia global que conecta a organizaciones de distintos países bajo marcos conceptuales similares, utilizando el mismo vocabulario sobre «denuncias falsas», «ideología de género» y «alienación parental» para construir una narrativa coherente que trasciende fronteras nacionales.
La Mesa del Congreso justificó su decisión argumentando que, «salvo que sea explícito que se va a hacer algo inconstitucional o se va a incurrir en un delito de odio», se autorizan los actos de los grupos parlamentarios. Esta interpretación laxa del reglamento permite que conceptos como «ideología de género» y «denuncias falsas», centrales en el discurso negacionista de la violencia machista, encuentren acomodo en la principal institución democrática del país. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, defendió la autorización señalando que los partidos «tienen derecho a realizar eventos» siempre que no contravengan «la Constitución», aunque evitó pronunciarse sobre el contenido específico de estas jornadas.
El historial negacionista de Anavid en sede parlamentaria
Esta no constituye la primera incursión de Anavid en el Congreso de los Diputados. El 20 de julio de 2022, la asociación protagonizó lo que Iván Espinosa de los Monteros calificó como un acto «rompedor, único, histórico» bajo el título «Las otras víctimas. Consecuencias reales de la ley de violencia de género». En aquella ocasión, el entonces diputado de Vox presentó a Anavid como la voz de «los silenciados», estableciendo el marco narrativo que sitúa a los hombres como víctimas de una legislación supuestamente discriminatoria que vulneraría el principio constitucional de igualdad.
En enero de 2023, Anavid volvió a comparecer en sede parlamentaria, esta vez invitada por Vox en la Subcomisión para la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género. Durante su intervención, la asociación sostuvo que «se utiliza el dinero público para destrozar la vida de muchos hombres» y denunció la existencia de «organizaciones criminales dedicadas exclusivamente a la interposición de denuncias falsas por violencia de género». Estas acusaciones, formuladas sin aportar pruebas documentales, forman parte del arsenal retórico habitual de los movimientos negacionistas que buscan deslegitimar el conjunto del sistema de protección a las víctimas de violencia machista.
En marzo de 2025, Anavid organizó unas jornadas tituladas «Abuelas silenciadas por el feminismo», donde cuatro mujeres presentadas como abuelas de socios de la asociación relataron cómo la aplicación de la Ley de Violencia de Género había afectado supuestamente a sus familias. Esta estrategia de utilizar voces femeninas representa un refinamiento del discurso negacionista, que busca contrarrestar las críticas sobre su carácter exclusivamente masculino. Durante estas intervenciones se repitieron los mismos datos sin contrastar que caracterizan el discurso de Anavid: el 80% de los denunciados serían «inocentes», las madres cometerían el 70% de los filicidios y el 70% de los suicidios masculinos estarían relacionados con procesos judiciales de violencia de género.
La red internacional de negacionismo masculinista
Anavid no constituye un fenómeno aislado en el panorama español, sino que forma parte de una estructura internacional más amplia. La asociación pertenece a DAVIA (Domestic Abuse and Violence International Alliance), una red que agrupa organizaciones de varios países bajo la premisa común de combatir las supuestas «denuncias falsas» en casos de violencia doméstica. Entre las asociaciones adheridas se encuentran entidades con nombres reveladores como «Padres Sin Gloria» en Perú, «Varones Unidos» en Uruguay o «Padres Por Justicia» en Ecuador, evidenciando un patrón de denominaciones que sitúa la paternidad masculina en el centro de sus reivindicaciones.
En España, esta red incluye organizaciones como la Asociación Por los Derechos de los Niños Custodia Compartida Extremadura, la Asociación para la Defensa de los Hombres Maltratados, Padres4Justicia y el Movimiento Femenino por la Igualdad Real, entre otras. Todas comparten marcos conceptuales similares, incluyendo referencias constantes al controvertido «Síndrome de Alienación Parental», una teoría no reconocida científicamente que atribuye a las madres la manipulación de los hijos contra sus padres tras procesos de separación. Esta uniformidad discursiva evidencia la existencia de estrategias coordinadas que trascienden las fronteras nacionales.
La coordinación internacional resulta especialmente visible en eventos como las jornadas del 4 de septiembre, donde la presencia de ponentes argentinos del Observatorio de Falsas Denuncias ilustra la dimensión transnacional del fenómeno. Patricia Anzoátegui y Rubén Melloni, coautores del libro «Hienas. Abogados de familia vs. Falsas Denuncias», representan un modelo de activismo jurídico que combina la defensa legal de casos individuales con la construcción de narrativas políticas más amplias sobre la supuesta «industria de la falsa denuncia».
Vínculos orgánicos entre Anavid y Vox
A pesar de los intentos de mantener una apariencia de independencia, los vínculos entre Anavid y Vox resultan innegables. La presidenta de la asociación, María Legaz, fue identificada como afiliada del partido ultraderechista, mientras que en las jornadas de 2022 la diputada Carla Toscano se refirió a ella como «nuestra presidenta». Esta conexión orgánica explica la perfecta sintonía entre los discursos de ambas organizaciones, que coinciden «punto por punto y palabra por palabra» en sus críticas a la legislación de violencia de género.
El vocabulario compartido resulta revelador de esta coordinación estratégica. Términos como «asimetría penal», «derecho de autor», «misandria», «alienación parental» o «chiringuitos feministas» aparecen sistemáticamente tanto en las intervenciones de los dirigentes de Vox como en las de los representantes de Anavid. Esta uniformidad terminológica evidencia la existencia de marcos discursivos elaborados conjuntamente, que permiten presentar como demandas sociales espontáneas lo que en realidad constituye una estrategia política planificada desde las estructuras del partido.
La capacidad de movilización económica de Anavid también sugiere vínculos que trascienden lo meramente ideológico. La asociación logró recaudar casi 100.000 euros a través de 4.500 aportaciones para costear la querella contra la exministra Irene Montero, una cifra que refleja la existencia de redes de apoyo organizadas. Esta movilización contó con el respaldo explícito de periodistas, medios y youtubers del ecosistema mediático machista, con especial protagonismo del canal «Un Tío Blanco Hetero», lo que demuestra la articulación de un entramado que combina activismo judicial, movilización social y construcción de opinión pública a través de plataformas digitales especializadas.
El tratamiento diferencial resulta particularmente llamativo cuando se compara con el destino de las organizaciones de madres que denuncian violencia machista. Mientras asociaciones como Anavid operan con total libertad y reciben plataformas institucionales en el Congreso, organizaciones como Infancia Libre fueron investigadas como «tramas criminales» por la Policía, utilizando como indicios precisamente los mismos elementos que caracterizan a las asociaciones masculinistas: la existencia de denuncias, la consulta a profesionales especializados y la pertenencia a una misma asociación. Esta doble vara de medir evidencia cómo el sistema institucional español facilita la expansión del negacionismo machista mientras criminaliza la organización de las mujeres que buscan proteger a sus hijos de situaciones de violencia.
