El líder del PP propone un registro nacional de pirómanos con pulseras telemáticas como medida estrella de su estrategia, mientras los datos oficiales revelan que este colectivo causa únicamente el 7,17% de los incendios provocados voluntariamente. Los medios aéreos del Gobierno han realizado 1.200 intervenciones en agosto, el 88% en regiones gobernadas por el Partido Popular, desmintiendo las acusaciones de «inacción» gubernamental. Las estadísticas oficiales muestran que las quemas agrícolas ilegales y la regeneración de pastos representan más del 67% de los incendios intencionados, mientras que el fenómeno pirómano afecta a apenas el 0,4% de la población general.
Alberto Núñez Feijóo ha situado la creación de un registro nacional de pirómanos con pulseras telemáticas como pieza central de su plan de 50 medidas contra incendios forestales, pese a que los datos oficiales revelan que este colectivo representa únicamente el 7,17% de los incendios provocados de forma intencionada. La propuesta del líder del Partido Popular ha generado polémica por su enfoque punitivo hacia un problema cuyas causas principales se encuentran en prácticas agrícolas y ganaderas inadecuadas.
Según el informe «Los incendios forestales en España (Decenio 2006-2015)» del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los pirómanos son responsables del 7,17% de los incendios intencionados, mientras que las quemas agrícolas ilegales representan el 37,8% y las quemas para regeneración de pastos el 29,9%. Estos datos contrastan con la relevancia mediática otorgada por Feijóo a una medida que afectaría a un colectivo minoritario dentro de las causas de los incendios forestales.
La propuesta de Feijóo incluye «atajar radicalmente los incendios que se producen voluntaria e intencionadamente por determinadas personas» mediante la creación de «un registro nacional de pirómanos en el que formen parte todas las personas condenadas mediante sentencia firme que hayan producido un incendio». La medida contempla «la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización, especialmente durante los meses de mayor peligro de incendios forestales».
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales establece que la piromanía es «una condición excepcional» cuya prevalencia se sitúa en torno al 0,4% de la población general y entre el 1-3% de los incendiarios procesados penalmente. Los expertos distinguen entre pirómano, definido como quien «padece piromanía» o «tendencia patológica a la provocación de incendios», e incendiario, que «incendia con premeditación, por afán de lucro o por maldad».
1.200 intervenciones aéreas desmienten la «inacción» gubernamental
Los medios aéreos de extinción de incendios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han llevado a cabo 1.200 intervenciones durante los incendios forestales de agosto, según datos oficiales. El 88% de estas actuaciones se han desarrollado en regiones gobernadas por el Partido Popular, datos que contradicen las acusaciones de «inacción» lanzadas por Feijóo contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
El líder del PP había acusado al Ejecutivo de mantener «un Gobierno paralizado y ausente» durante la crisis de incendios, asegurando que «ha habido menos medios aéreos operativos del Gobierno central en este agosto que el año pasado». Sin embargo, las cifras oficiales de intervenciones aéreas desmienten estas afirmaciones, evidenciando una respuesta gubernamental proporcionada a la magnitud de los siniestros registrados.
Las estadísticas revelan que los incendios intencionados representan aproximadamente el 19-23% del total de siniestros, según datos de la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior. El 68% de los incendios se debe a negligencias y accidentes, mientras que solo el 19% son intencionados. Dentro de este último grupo, los pirómanos representan una fracción minoritaria frente a otras causas como conflictos ganaderos (24%), vandalismo (5%) o la huida de animales (6%).
Durante los dos meses y medio transcurridos hasta el 24 de agosto, las Fuerzas de Seguridad del Estado detuvieron a 41 personas e investigaron a otras 127 por iniciar fuegos. La Guardia Civil realizó 36 detenciones y investiga a 110 personas, mientras que la Policía Nacional detuvo a 14 individuos y mantiene 25 investigaciones abiertas. Estos datos reflejan la complejidad del fenómeno incendiario, que trasciende la figura del pirómano para abarcar múltiples perfiles y motivaciones.
El Código Penal ya contempla las pulseras telemáticas
La propuesta de Feijóo para controlar pirómanos mediante pulseras telemáticas ya está contemplada en la legislación vigente. El artículo 105 del Código Penal establece que a los sujetos afectados por trastornos mentales, el juez puede imponer «libertad vigilada», que incluye «la obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente», según el artículo 106.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha desdeñado la propuesta calificándola de «soluciones con poco fuste» y ha emplazado a debatir estas cuestiones dentro del pacto de Estado para la emergencia climática defendido por Pedro Sánchez. «Los ciudadanos españoles no necesitan medidas que se limiten a colocar pulseras telemáticas a los pirómanos, como si eso fuera a arreglar el problema de los incendios en nuestro país», declaró durante su intervención en el Senado.
Los expertos forestales señalan que los procesos de investigación de incendios son «lentos y complejos», según explica Félix Pérez, presidente de la asociación de agentes forestales de Galicia. «De un mecherazo en el monte no quedan pruebas ni vestigios. Se hacen muchas entrevistas, investigaciones, interrogatorios, pero no queda el arma del delito en el monte», detalla el especialista, quien añade que «puedes tener sospechas, pero una sospecha no lleva a nadie a la cárcel».
El perfil real de los incendiarios difiere sustancialmente de la imagen del pirómano. Los datos oficiales identifican seis categorías principales: el «agricultor irresponsable» que provoca el 31% de incendios con quemas de rastrojos, el «ganadero inconsciente» responsable del 21,5% por regeneración de pastos, el «imprudente» que causa el 6,7% con hogueras y colillas, el «pirómano» con 7,5%, el «mal cazador» con 2,1% y el «asocial conflictivo» con 3% de los siniestros.
Las 50 medidas presentadas por Feijóo incluyen también la profesionalización de Protección Civil, la creación de oficinas móviles de atención a damnificados y la movilización de la reserva europea rescEU. Sin embargo, la medida del registro de pirómanos ha concentrado la atención mediática y política, generando dudas legales y éticas entre juristas y psicólogos sobre su efectividad real para prevenir incendios forestales.
La controversia refleja la instrumentalización política de los incendios forestales en un contexto de confrontación entre Gobierno central y comunidades autónomas. Mientras Feijóo acusa al Ejecutivo de «falta de planificación» y «tardanza» en la movilización de recursos, los datos de intervenciones aéreas y detenciones policiales evidencian una respuesta gubernamental proporcionada a la gravedad de la crisis, que ha afectado principalmente a regiones gobernadas por el Partido Popular.
