El Ejecutivo declara zonas de emergencia en 16 comunidades autónomas tras una oleada de incendios que ha calcinado más de 400.000 hectáreas. Pedro Sánchez anuncia ayudas de hasta 18.000 euros por daños personales y promete un pacto de Estado climático para septiembre. La medida alcanza a decenas de municipios de Galicia, Castilla y León y Extremadura, las regiones más castigadas por unos fuegos que han obligado a evacuar a más de 35.000 personas y han causado cinco víctimas mortales.
El Consejo de Ministros aprobó la declaración de «zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil» para 16 comunidades autónomas que han sufrido los efectos devastadores de la peor oleada de incendios forestales de los últimos diez años. La medida, que abarca desde el 23 de junio hasta el 25 de agosto, permitirá activar un paquete integral de ayudas económicas que incluye compensaciones de hasta 18.000 euros por daños personales y la exención de impuestos locales para los damnificados. La decisión llega después de que España haya perdido más de 400.000 hectáreas por el fuego, una cifra que supera todo lo quemado en 2022, considerado hasta ahora el peor año del siglo.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la declaración responde a tres oleadas diferenciadas de incendios: la primera a finales de junio, la segunda el 7 de julio y la tercera, aún activa, desde el 8 de agosto. Esta última coincidió con la ola de calor más intensa documentada desde 1975, según los registros oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología. Las autoridades mantienen especial preocupación por los focos de Porto en Zamora, Garaño en León y A Pobra do Brollón en Lugo, donde las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas para la extinción.
Ayudas económicas: hasta 18.000 euros por víctima
La declaración de emergencia activa automáticamente el sistema de compensaciones previsto en la legislación española para catástrofes naturales. Los afectados podrán reclamar indemnizaciones que van desde los 5.160 euros por daños menores hasta los 18.000 euros por lesiones graves, según el baremo establecido por el Ministerio del Interior. Para viviendas completamente destruidas, la ayuda máxima alcanza los 15.120 euros, mientras que los daños estructurales pueden compensarse hasta con 10.320 euros por inmueble.
Las ayudas incluyen también compensaciones para establecimientos comerciales, industriales y de servicios, incluyendo explotaciones agrarias y turísticas, con un máximo de 9.224 euros por establecimiento. Las corporaciones locales podrán recibir entre el 50% y el 100% de los gastos derivados de actuaciones urgentes, dependiendo de cada caso específico. Además, el Gobierno ha previsto la exención de tasas de la Jefatura Central de Tráfico y beneficios fiscales como la reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre Actividades Económicas.
El Ejecutivo ha puesto en marcha un dispositivo sin precedentes para hacer frente a la crisis. Según los datos facilitados por Grande-Marlaska, más de 3.400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, 500 militares adicionales del Ejército de Tierra, 500 vehículos especializados y 6.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil trabajan en las tareas de extinción y apoyo logístico. El despliegue se completa con 10 brigadas de bomberos forestales y medios aéreos procedentes de Francia e Italia a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.
Pacto climático: la respuesta estructural de Sánchez
El presidente Pedro Sánchez aprovechó sus visitas a las zonas afectadas para anunciar una iniciativa política de mayor calado: un «gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática» que comenzará a perfilarse en septiembre. La propuesta busca superar las «luchas partidistas y las cuestiones ideológicas» para crear un consenso nacional que involucre a administraciones, partidos políticos, sindicatos, empresas y sociedad civil en la lucha contra los efectos del cambio climático.
Durante su comparecencia en el Puesto de Mando Avanzado de Jarilla, en Cáceres, Sánchez enmarcó los incendios actuales en el contexto más amplio de la emergencia climática, relacionándolos con fenómenos extremos como las DANA que devastaron la Comunidad Valenciana en 2024. «La emergencia climática que asola el mundo cada vez es más acelerada, grave y asidua, sobre todo en lugares como la Península Ibérica», argumentó el presidente, quien considera necesario «redimensionar y redefinir todos los aspectos vinculados con la mitigación y la adaptación al cambio climático».
El Gobierno ha creado una comisión interministerial de cambio climático liderada por la vicepresidenta Sara Aagesen y el ministro Fernando Grande-Marlaska que se reunió por primera vez este mismo martes antes del Consejo de Ministros. La comisión incluye a 21 ministerios y tiene como objetivo preparar las bases del futuro pacto de Estado. Sin embargo, la propuesta enfrenta el escepticismo de la oposición y las limitaciones presupuestarias: pese a los anuncios sobre emergencia climática, la inversión en prevención de incendios solo ha aumentado 7 millones de euros desde 2020, situándose en 26 millones para 2025.
El coste humano y económico de la tragedia
La oleada de incendios ha dejado un balance trágico de cinco víctimas mortales, más de 35.000 personas evacuadas y pérdidas económicas que superan los 2.300 millones de euros solo en tareas de extinción, sin contar los costes de reconstrucción. Las llamas han alcanzado espacios emblemáticos como Las Médulas en León, Patrimonio de la Humanidad, que según un informe del CSIC podría ser incluido por la UNESCO en la lista de patrimonio mundial en peligro si no se adoptan medidas urgentes.
La crisis ha paralizado infraestructuras críticas en pleno agosto. El tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia permaneció suspendido durante días, afectando a miles de pasajeros, mientras 13 carreteras nacionales y autonómicas continúan cortadas al tráfico. La calidad del aire se ha deteriorado gravemente en el oeste peninsular, con niveles de partículas que han obligado a emitir avisos sanitarios en Castilla y León y Extremadura. Los efectos se extienden más allá de lo inmediatamente cuantificable. En Galicia, más de 51.000 hectáreas han quedado reducidas a cenizas, mientras que en Extremadura el incendio de Jarilla ha sido calificado como «desbocado» por las autoridades autonómicas. El Parque Nacional de Picos de Europa ha sufrido daños irreparables, obligando a la evacuación por helicóptero de 120 montañeros del refugio de Collado Jermoso.
La gestión política de la catástrofe
La crisis ha evidenciado las tensiones competenciales entre administraciones. Los presidentes autonómicos del PP en las regiones más afectadas han criticado la respuesta del Gobierno central, exigiendo más medios militares y la activación inmediata del Mecanismo Europeo de Protección Civil. María Guardiola, presidenta de Extremadura, llegó a denunciar que «el Gobierno nos dice que no tiene capacidad para enviar los medios que hemos solicitado», mientras Alfonso Rueda en Galicia y Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León han mantenido un discurso similar.
La oposición popular ha respondido con una propuesta alternativa: Alberto Núñez Feijóo anunció un plan integral con 50 medidas contra los incendios forestales que será remitido inmediatamente a las Cortes Generales. La iniciativa busca contrarrestar la propuesta gubernamental del pacto de Estado, aunque desde Moncloa se ha criticado que las comunidades del PP «presiden la mayoría de las autonomías» afectadas, pero ejercen un «asedio permanente» al Ejecutivo central.
La factura final de esta crisis climática trasciende lo económico para adentrarse en el debate sobre el modelo de gestión forestal español. Los datos revelan una paradoja preocupante: España invierte diez veces más en extinción que en prevención, perpetuando un ciclo reactivo que convierte cada verano en una amenaza. La crisis de agosto de 2025 puede marcar un punto de inflexión hacia políticas más preventivas, pero solo si el anunciado pacto de Estado logra traducirse en compromisos presupuestarios reales y no en meras declaraciones de intenciones.
