El presidente estadounidense pidió bloquear fondos ya aprobados para programas de salud, desarrollo y asistencia humanitaria. La maniobra, legalmente discutida, aumenta el riesgo de parálisis del gobierno federal a fines de septiembre.
Donald Trump elevó la tensión con el Congreso al solicitar la supresión de 4.900 millones de dólares de ayuda internacional. La medida, presentada como un gesto de política exterior bajo la doctrina America First, pone en riesgo la estabilidad presupuestaria de Estados Unidos y deja claro que la prioridad de Washington es el gasto interno, aun cuando esa elección erosione su peso en la escena internacional
El recorte impactaría de manera directa en programas gestionados por el Departamento de Estado y por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que venía canalizando fondos de emergencia en más de 120 países. Según estimaciones de prensa, más de 3.000 millones corresponderían a programas de salud, alimentación y cooperación en zonas de conflicto.
El gesto presidencial llega en vísperas del vencimiento presupuestario del 30 de septiembre y amenaza con provocar un shutdown, escenario en el que se paralizan parcial o totalmente las actividades del gobierno federal. Los líderes demócratas han advertido que cualquier recorte a fondos ya aprobados “aniquilaría” cualquier posibilidad de acuerdo. Pero incluso desde el Partido Republicano se escucharon críticas: algunos senadores lo calificaron de “apropiación ilegal de atribuciones” del Congreso, al que la Constitución otorga la última palabra en materia presupuestaria.
La Casa Blanca, en cambio, defendió la maniobra bajo la Impoundment Control Act, una ley que permite al Ejecutivo congelar temporalmente fondos. Trump busca transformarla en una herramienta estructural de presión política. Sus portavoces insisten en que el presidente “siempre pondrá a Estados Unidos primero”.
Detrás de la disputa legal y política se juega también la credibilidad internacional de Washington. USAID, considerada durante décadas la mayor agencia humanitaria del mundo, ha sido ya debilitada durante el actual mandato, hasta quedar absorbida por el Departamento de Estado. Organismos internacionales advierten que la caída de la financiación estadounidense podría tener consecuencias dramáticas: un estudio reciente proyecta que el colapso de programas de salud y asistencia básica podría provocar 14 millones de muertes adicionales para 2030, un tercio de ellas de niños.
La jugada de Trump condensa la tensión entre dos modelos: el de un Estados Unidos replegado sobre sí mismo, dispuesto a desmantelar décadas de liderazgo en cooperación internacional, y el de un país que todavía se reclama garante del orden global. El Congreso deberá decidir si avala o frena este viraje.
Más allá de los millones en discusión, lo que se disputa es si Estados Unidos seguirá ejerciendo poder global con legitimidad o si su propia democracia se debilita desde dentro. Trump ha convertido la ayuda internacional en campo de batalla, y suprimirla puede equivaler a recortar también la influencia global de Estados Unidos.
