La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que pedirá a Estados Unidos una parte de los recursos incautados a Ismael «Mayo» Zambada, con la intención de destinarlos a programas sociales. La declaración abre un debate sobre justicia transnacional, soberanía y el futuro del narcotráfico en México.
El caso de Ismael «Mayo» Zambada sigue reconfigurando el mapa del narcotráfico y de la política binacional. Tras declararse culpable en una corte de Nueva York de cargos de delincuencia organizada, narcotráfico, homicidios y lavado de dinero, el cofundador del cártel de Sinaloa aceptó una multa de 15.000 millones de dólares y cadena perpetua. Se trata de una cifra histórica, que deja a la vista la magnitud del poder económico acumulado por los grandes capos.
La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó el eco mediático del fallo para enviar un mensaje claro: México no se resignará a ver cómo ese dinero circula exclusivamente en los circuitos judiciales estadounidenses. Según dijo en su conferencia matutina, si el gobierno norteamericano logra recuperar parte de esos activos, México pedirá que una porción regrese al país para ser distribuida entre la población más vulnerable. La intención apunta a un objetivo político y simbólico: transformar los frutos del crimen en recursos para los más pobres.
El planteamiento abre, sin embargo, varias interrogantes. En primer lugar, el Departamento de Justicia ha calculado la multa, pero no hay garantía de que los bienes confiscados alcancen esa cifra. Muchos activos de los capos están ocultos, fragmentados en empresas de fachada o dispersos en paraísos fiscales. La recuperación real puede ser mucho más baja que la cifra oficial.
En segundo término, la coordinación bilateral no es automática. Existen mecanismos de cooperación entre la Secretaría de Hacienda mexicana y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en materia de lavado de activos, pero cada caso depende de complejos procesos judiciales y de acuerdos políticos que suelen avanzar con lentitud. Sheinbaum insistió en que, si hay incautaciones en territorio mexicano, esos fondos deberán quedarse en el país.
Más allá de las cifras, el anuncio vuelve a poner sobre la mesa una paradoja: los grandes capos como Zambada o Guzmán han sido detenidos y sentenciados, pero el cártel de Sinaloa continúa operando a través de nuevas generaciones y células autónomas. El propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo reconoció: la estructura criminal no ha desaparecido, aunque se encuentra «mermada». El Estado mexicano enfrenta el reto de impedir que los herederos del Mayo ocupen el vacío de poder con más violencia.
La discusión sobre el destino de los bienes decomisados tiene un trasfondo más amplio: ¿quién debe beneficiarse de la fortuna ilícita acumulada a costa de miles de vidas? Para Sheinbaum, la respuesta está en orientar esos recursos hacia programas sociales, un gesto con fuerte carga política en un país que exige justicia redistributiva. Para Washington, el asunto se enmarca en su propia estrategia de seguridad y en la narrativa de “victoria judicial” sobre el narcotráfico.
Lo cierto es que, más allá de dónde termine cada dólar, el caso del Mayo Zambada desnuda la raíz del problema: mientras existan redes criminales transnacionales con capacidad de regenerarse, el dinero seguirá fluyendo en ambas direcciones de la frontera. El desafío de fondo está en ir más allá del botín confiscado y enfrentar las raíces estructurales del narcotráfico, que aseguran siempre un heredero.
