El caso de Kilmar Ábrego García se ha convertido en símbolo de la política de deportaciones aceleradas de la Casa Blanca. La orden judicial frena, de momento, un proceso que generó protestas y abrió un debate sobre el uso de terceros países como destino de expulsión.
Una jueza federal en Maryland suspendió este lunes la deportación a Uganda de Kilmar Ábrego García, un ciudadano salvadoreño de 30 años que se ha convertido en protagonista involuntario de la campaña del presidente Donald Trump contra la inmigración irregular. La medida cautelar de la magistrada Paula Xinis concede tiempo a la defensa para presentar recursos y a los tribunales para revisar un caso rodeado de polémica.
Ábrego había sido detenido horas antes en Baltimore cuando acudió a una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, denunció que la notificación entregada a su cliente aludía a una entrevista, pero en realidad se trató de una estrategia para volver a encarcelarlo. “La única razón por la que lo detuvieron fue para castigarlo”, afirmó.
El salvadoreño estuvo bajo estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez determinó que podía enfrentar daños en su país de origen si era deportado. Pese a esa resolución, fue expulsado por un “error administrativo” y recluido en El Salvador, antes de ser devuelto a Estados Unidos y liberado la semana pasada en espera de juicio por presunto tráfico de personas, cargos que él niega.
La defensa asegura que el gobierno ofreció a Ábrego declararse culpable a cambio de ser deportado a Costa Rica, una propuesta que rechazó. Poco después, el ICE comunicó que la nueva orden de deportación lo enviaría a Uganda, país que firmó un convenio con Washington para recibir inmigrantes considerados “indeseables”. Esta posibilidad desató un giro dramático en el caso y alimentó las críticas de juristas y organizaciones de derechos humanos.
En la entrada de la oficina del ICE en Baltimore, simpatizantes del salvadoreño corearon consignas como “¡Vergüenza!” y levantaron pancartas con la frase “Liberen a Kilmar”. Antes de ingresar, Ábrego se dirigió a ellos: “Pase lo que pase hoy, sigan rezando, peleando, resistiendo y amando. No solo por mí, sino por todo el mundo”.
La Casa Blanca lo ha descrito como “un criminal, extranjero ilegal, golpeador de mujeres y miembro de la MS-13”. Para sus abogados y organizaciones de apoyo, en cambio, el salvadoreño es un ejemplo de cómo las deportaciones exprés impulsadas por el Ejecutivo ignoran derechos básicos y convierten a las cortes en árbitros de última instancia frente a decisiones administrativas sin sustento legal.
Más allá del caso individual, lo que está en juego es la estrategia de Trump de utilizar a terceros países como destino de expulsiones rápidas, sin importar vínculos familiares ni estatus previo. La suspensión judicial, aunque temporal, introduce un respiro en un proceso que simboliza el choque entre un gobierno decidido a endurecer su agenda migratoria y un sistema judicial que busca preservar garantías fundamentales.
