Una investigación judicial busca determinar si la falta de programas obligatorios contra el fuego en municipios de alto riesgo agravó una crisis que ha calcinado más de 400.000 hectáreas. Antonio Vercher, el fiscal jefe de Medio Ambiente, advierte que podrían exigirse responsabilidades penales a administraciones que incumplieron la Ley de Montes de 2003. Las comunidades más afectadas —Galicia, Castilla y León y Extremadura— concentran el grueso de los fuegos mientras organizaciones ecologistas denuncian incumplimientos normativos desde hace años.
La Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo ha abierto una investigación para determinar si la ausencia o aplicación deficiente de planes de prevención obligatorios por ley contribuyó a agravar la devastadora oleada de incendios forestales que asola España. En un escrito remitido el pasado lunes a todos los fiscales provinciales, Antonio Vercher, fiscal jefe especializado considera que la situación actual se debe a la falta de programas de prevención requeridos por la normativa vigente.
La investigación surge cuando España afronta la temporada de incendios más destructiva en tres décadas, con más de 400.000 hectáreas calcinadas según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Solo en agosto, los fuegos han obligado a evacuar a más de 6.500 personas en Galicia, Castilla y León y Extremadura, mientras que tres personas han perdido la vida en labores de extinción. El incendio de Larouco, en Ourense, se ha convertido en el mayor de la historia gallega con más de 30.000 hectáreas arrasadas, mientras que el de Chandrexa de Queixa, en la misma provincia, ha calcinado casi 20.000 hectáreas.
Responsabilidades penales por incumplimiento
El fiscal Vercher sostiene que «es evidente» que «la situación que en este momento estamos sufriendo es debido a la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios». Su comunicado insta a los fiscales territoriales a comprobar la existencia de estos programas en los municipios más afectados y a estudiar la posible exigencia de responsabilidades penales contra quienes tenían la obligación legal de elaborarlos y no lo hicieron.
La Ley de Montes de 2003 establece que las zonas de alto riesgo de incendio deben contar con planes específicos de prevención, una obligación que fue reforzada en 2022 mediante el Real Decreto-ley 15/2022, que detalla el contenido mínimo exigible. Desde entonces, las comunidades autónomas tienen el deber legal de elaborar planes anuales de prevención y vigilancia para todo su territorio. Sin embargo, organizaciones como Greenpeace llevan desde 2018 denunciando el incumplimiento generalizado de esta normativa.
Los casos más ilustrativos de esta dejadez administrativa se encuentran en la Comunidad de Madrid. Tres Cantos, municipio que sufrió uno de los incendios más graves del verano, carecía de plan de prevención pese a estar en zona de riesgo, mientras que Torrelodones sí disponía de un documento técnico sólido según fuentes de la organización ecologista. Esta disparidad evidencia la aplicación irregular de una normativa que debería garantizar la protección uniforme del territorio.
La Fiscalía ha intensificado las tareas de supervisión involucrando al Seprona de la Guardia Civil, agentes forestales y policías locales. Además, se ha impulsado el uso de drones para mapear zonas de riesgo según su orografía, superficie forestal y condiciones climáticas, con el objetivo de detectar áreas vulnerables y verificar la existencia de planes municipales de prevención.
El escrito de Vercher reconoce que los incendios forestales «raramente tienen una sola causa» y que su complejidad se ve agravada por «factores completamente ajenos, tales como el debate político». No obstante, subraya que el Ministerio Fiscal tiene «una obligación de objetividad e imparcialidad» que le obliga a examinar aspectos tradicionalmente desatendidos en una materia de desarrollo relativamente reciente.
Un modelo reactivo que privilegia la extinción
Esta investigación se produce mientras España destina entre el 60% y 70% de su presupuesto forestal a extinción, frente a las migajas destinadas a prevención. Según datos de la Asociación Nacional de Empresas Forestales, la partida para programas preventivos se desplomó desde 364 millones de euros en 2009 hasta 175,8 millones en 2022, mientras que apagar un incendio cuesta 20.000 euros por hectárea frente a los 2.000 euros de la prevención.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente recomienda dedicar dos tercios del gasto forestal a planificación, prevención, preparación y recuperación, reservando solo un tercio para extinción. España opera exactamente al revés, perpetuando un modelo reactivo que invierte diez veces más en apagar fuegos que en evitarlos, según denuncian los expertos forestales.
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que concentran la mayoría de los incendios actuales, han aplicado durante años políticas de recortes en prevención que la crisis ha puesto al descubierto. En Castilla y León, la oposición acusa al ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco de eliminar puestos de control en los montes y precarizar el cuerpo de bomberos forestales, cuyas condiciones laborales les obligan a trabajar hasta 22 días consecutivos por salarios cercanos al mínimo interprofesional.
La investigación fiscal llega cuando el debate político ha alcanzado cotas de crispación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto un «gran pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la emergencia climática» que comenzará a perfilarse en septiembre, buscando situar la crisis climática «fuera de la lucha partidista». Sin embargo, dirigentes del PP como Alberto Núñez Feijóo han criticado la «ausencia de políticas contra incendios» del Ejecutivo central, cuando la legislación vigente establece que son los gobiernos autonómicos quienes deben solicitar medios adicionales del Estado.
Crisis política y factura millonaria
La factura de esta crisis supera ya los 2.300 millones de euros solo en extinción, una cifra que no incluye los costes de reconstrucción ni el valor incalculable del patrimonio natural destruido. Las llamas han alcanzado espacios emblemáticos como Las Médulas en León, Patrimonio de la Humanidad, y han penetrado en el Parque Nacional de Picos de Europa. Además, la crisis ha paralizado infraestructuras críticas: el tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia permanece suspendido, mientras 13 carreteras nacionales y autonómicas continúan cortadas.
La investigación de la Fiscalía podría marcar un punto de inflexión en la gestión de incendios forestales en España. Si prospera, establecería precedentes jurídicos que obligarían a las administraciones a cumplir efectivamente una normativa preventiva sistemáticamente ignorada. En un país que ha perdido la batalla contra el fuego durante décadas, la vía judicial emerge como la última esperanza para que la prevención deje de ser la gran olvidada de las políticas forestales españolas.
