En las últimas horas, se produjeron en Colombia dos atentados terroristas ocasionando 18 muertos. En la ciudad de Cali, un ataque con explosivos a una instalación militar ha dejado seis personas muertas. A este le precedió, horas antes, el derribamiento de un helicóptero, en zona rural de Antioquia, causando la muerte de 12 policías. Los ataques no parecen vinculados, hasta ahora. La oposición cuestiona con vehemencia la gestión en seguridad del actual gobierno. Este, sin duda, será el tema de mayor agitación en la campaña electoral que se avecina en ese país sudamericano.
«Hoy estamos de luto por nuestros 12 policías asesinados. Llegó el momento de usar la única arma que funciona en estas guerras no convencionales: la Inteligencia. ¿Quién es el director de la Dirección Nacional de Inteligencia? Valdría la pena conocerlo en un momento en el que esa es el arma para combatir el conflicto que vivimos», ha dicho el reconocido periodista Julio Sánchez Cristo de la W Radio, la mañana de este viernes, recogiendo, en buena medida, la inquietud de muchos colombianos ante la situación de seguridad que vive el país.
La alcaldía de Cali indicó el jueves, tras el atentado, que al menos 65 personas resultaron heridas en el ataque perpetrado con cilindros bomba. El presidente vinculó ambos ataques a disidencias de la FARC. Por su parte, Alejandro Eder, alcalde de Cali, ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos (US$100.000) «a quien brinde información que permita identificar y capturar a los responsables». El Valle del Cauca, departamento que tiene a Cali como su capital, ha sufrido ataques en tiempo reciente.
Hasta hace poco han sido las regiones más apartadas de Colombia, Catatumbo, Cauca o Putumayo, las que sufren en mayor medida la violencia y presentan mayor incidencia de ataques y acciones terroristas de grupos ilegales. A las acciones del ELN se van sumando cada vez más las de las disidencias de la guerrilla FARC que muestran un control ascendente sobre el territorio nacional mientras desafían al Estado.
Los eventos de este jueves evidencian el recrudecimiento de la violencia en el país y, como recoge la BBC en las últimas horas, los atentados se producen en medio de repetidos cuestionamientos a la denominada «paz total» del presidente Gustavo Petro. “Voces opositoras vinculan esta política que prometió más diálogo y conciliación con grupos armados con el deterioro de la seguridad en Colombia que, aunque no alcanza los niveles de hace décadas, hace mella en la percepción ciudadana”. Expertos confirmaron al medio británico que “varios grupos armados se han ‘refortalecido’ en los últimos tiempos”, en lo que respecta al control territorial y a las economías ilícitas.
El presidente Gustavo Petro y su ministra de Defensa encargada han dicho que el ataque perpetrado en Cali fue una “reacción terrorista” en respuesta a la ofensiva militar que su gobierno ordenó meses atrás. “Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con dos civiles muertos. El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco”, publicó en X.
La ministra corroboró a Petro indicando: “Atendemos la instrucción del señor presidente respecto a que las disidencias de alias Iván Mordisco, el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia serán considerados organizaciones terroristas, perseguibles en cualquier parte del planeta por delitos contra la humanidad”. Entre tanto, la prensa plantea inquietudes sobre el punto en que se encuentran los diálogos que el gobierno reabrió con el Clan del Golfo.
Tras la convulsa década de 1990 debido al terrorismo desplegado por grupos narcotraficantes y guerrilleros en zonas urbanas y, más reciente, tras la desmovilización de la FARC en 2016, la violencia se había replegado a zonas más apartadas no controladas en su totalidad por el Estado y que fueron copadas por las disidencias de la FARC y otros grupos criminales, si hubo actos terroristas en zonas urbanas perpetrados por el ELN. Los eventos acaecidos en las últimas horas han generado conmoción en el país, aunque el gobierno ha descartado declarar conmoción interior.
Las negociaciones que iniciara el gobierno actual con las disidencias y con el ELN fracasó o están suspendidas, por tanto, las operaciones militares contra esas agrupaciones se reactivaron hacia finales de 2024.
Del helicóptero derribado se sabe que varios policías realizaban un operativo para la erradicación manual de cultivos de coca cuando fueron atacados. Solicitaron apoyo aéreo para su evacuación pero el helicóptero que se disponía a sacarlos de allí fue atacado con un dron, derrumbando la aeronave. “La ventaja de dominar el aire se ha hecho mucho menor, en apenas una de las muestras del debilitamiento militar que ha tenido el Estado en los años recientes, mientras los grupos ilegales crecen en combatientes” -e instrumentalización de nuevas tecnologías-, indicaba El País hace unas horas.
El diario español observa que el recrudecimiento de la violencia en Colombia se percibe también en el hecho de que grupos ilegales se enfrentan entre sí por el control territorial mientras el Estado juega casi que un rol de observador tal y como evidencia que el “ELN pueda hacer una ofensiva con cientos de hombres contra una disidencia sin que el Estado pueda evitarlo, como ocurrió en enero en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela; o en que algún grupo se atreva a asesinar a un aspirante presencial, como ocurrió con Miguel Uribe Turbay. La situación no es como la de 1989, cuando las bombas y los magnicidios se repetían; ni como la del 2000, cuando hubo 232 masacres de cuatro o más personas, contra 22 el año pasado. Pero la tendencia sí es a empeorar. No en vano, las encuestas señalan que la principal preocupación de los colombianos, y con las cifras más altas desde antes del Acuerdo de 2016, es la seguridad”.
