El gobierno de Estados Unidos ha anunciado nuevas medidas para quienes buscan vivir, trabajar o estudiar en ese país. Entre las disposiciones se examinarán con atención las posturas o conductas “antiestadounidenses”. ¿Qué significa esto y cuáles son los alcances potenciales de esta nueva política? ¿Criticar alguna medida o política del gobierno Trump convierte al solicitante de una visa en “antiestadounidense”?
La administración estadounidense ha anunciado una nueva política para quienes buscan instalarse o radicarse en ese país. El documento publicado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) considera examinar con detenimiento las posturas y actitudes «antiestadounidenses», ello incluye, desde luego, revisar las redes sociales de los solicitantes.
El texto publicado el 19 de agosto amplía el margen de acción de los funcionarios de inmigración para la búsqueda y el rastreo de actividades “antiestadounidenses”. «El USCIS está actualizando el Manual de Políticas para brindar orientación adicional a los funcionarios sobre el peso discrecional negativo significativo que el USCIS asigna en circunstancias en las que un extranjero ha respaldado, promovido, apoyado o de alguna manera adoptado las opiniones de una organización o grupo terrorista, incluyendo aquellos que apoyan o promueven ideologías o actividades antiamericanas, terrorismo antisemita, organizaciones terroristas antisemitas e ideologías antisemitas, en cualquier caso que implique un ejercicio de discreción», precisa la institución.
Al no ofrecer en sentido estricto una definición de qué significa ser “antiestadounidense”, los agentes migratorios podrían incurrir en excesos habida cuenta de la vaguedad definitoria y de la discrecionalidad de la que gozan. Algunos académicos ya sugieren que una medida de estas características avala los estereotipos, los prejuicios y los sesgos.
La prensa internacional indica que la nueva política buscaría disuadir a los inmigrantes y estudiantes internacionales y recuerda que el Departamento de Estado ha revocado más de 6.000 visas de estudiante este año. Dos meses atrás, el propio Departamento de Estado instruyó a las embajadas y consulados para examinar a los solicitantes de visas de estudiante con el fin de detectar “actitudes hostiles hacia nuestros ciudadanos, cultura, gobierno, instituciones o principios fundadores”.
Desde el arribo al poder de la administración Trump, abogados en cuestiones migratorias han advertido a sus clientes con procesos abiertos que eviten manifestar opiniones críticas en redes sociales sobre el gobierno de Estados Unidos, ya que ello podría incidir de manera definitiva en su solicitud.
Esta sugerencia práctica plantea una cuestión de fondo en el país de la libertad y donde la libre expresión es uno de los pilares de la Constitución: los límites a la libertad de expresión para aquellos que no son ciudadanos o que no están amparados bajo dicho estatus, incluso si no son ciudadanos o solicitantes en situación migratoria irregular.
Hilando más fino, ¿cabe suponer que, de algún modo, se pretende acallar el pensamiento crítico y la diversidad de puntos de vista para aquellos inmigrantes que no tienen un estatus definido? Por otra parte, ¿No terminarán las redes sociales convirtiéndose en amplificadores y correas de transmisión del trumpismo?
Racionalmente cuesta meter en la misma bolsa a un estudiante, artista, caricaturista o intelectual que hace uso de su libre expresión para criticar, incluso con mordacidad, una o algunas medidas del gobierno Trump, frente a un solicitante que sea abiertamente “antiestadounidense”, que odie los principios de la nación americana o que celebre el terrorismo y que se dedique a promover organizaciones terroristas antisemitas como cita el texto.
