Hay quienes se plantean hoy en Colombia si el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido una oportunidad perdida, tratándose del primer gobierno de izquierda en la historia reciente del país, y si en el último año de gestión el mandatario optará por la rectificación o por la radicalización, todo ello ante un escenario económico complejo y con las elecciones a la vuelta de la esquina.
Dos análisis publicados recientemente por el think tank Razón Pública abordan el desenlace del gobierno Petro. El primero de ellos, escrito por Felipe Murillo, plantea este periodo como una “oportunidad perdida”. Murillo nota que el balance general de la gestión lo confirma y señala que, en un contexto global de retrocesos democráticos, el presidente de Colombia “debe garantizar la estabilidad institucional y la continuidad de los procesos democráticos en Colombia”.
Las intenciones y los objetivos, por muy loables que sean en términos genéricos plantean la necesidad de definiciones. Y, en ese sentido, exigen aún más: definir cuáles son las prioridades del país y formular indicadores concretos que permitan tanto aterrizar conceptos abstractos (porque ni las élites políticas ni la sociedad en su conjunto entienden o interpretan lo mismo), como medir los resultados de las políticas de gobierno y su incidencia en el bienestar de la población. De ahí que el análisis cuestione: “¿A qué nos referimos con cambio climático, justicia social y paz total?”.
Desde este enfoque, el gobierno nacional “perdió perspectiva y abandonó la estrategia. No hay paradigma ni escuela que justifique el actual desvarío gubernamental”. Hubo, sin embargo, en la primera fase del gobierno funcionarios más técnicos y cualificados, con ministros como José Antonio Ocampo, Alejandro Gaviria y Cecilia López, con una hoja de ruta más clara. Ese horizonte “se desdibujó casi que por completo” por la acción presidencial, aunque el líder político se haya excusado en el boicot legislativo dejando de lado otros factores. “El presidente terminó por borrar con el codo lo que escribió con la mano, y su estilo de liderazgo ha mostrado errores graves que comprometen el cumplimiento de sus promesas”.
Los cambios en el gabinete confirman esa situación crítica e inestable y su incidencia en el incumplimiento de las promesas de gobierno. Todo ello ha sido propiciado por la máxima autoridad del Estado colombiano quien llegó a designar 55 ministros(as) y más de 120 viceministros(as) en apenas dos años de gobierno.
El panorama no luce alentador de cara al último año pese a las reformas ambiciosas para este último tramo, especialmente porque el gobierno ha desgastado su capital político y será extremadamente difícil que avance en un marco de baja popularidad y baja legitimidad. No obstante, el gobierno culminará su periodo con algunos logros como la aprobación de la reforma laboral, más allá de las críticas que caben, y con algunos avances en materia de políticas públicas que hacen que no todo haya sido un “desastre”, pero sí una oportunidad perdida, dentro de lo que cabe esperar de un gobierno de izquierda. A ese panorama poco alentador se añade la sombra de las declaraciones antidemocráticas que han salido de las más altas esferas del gobierno y del partido de gobierno dirigidas a relativizar la vigencia o la importancia de los fundamentos de la democracia como son la separación de poderes, la Constitución o la necesidad del Poder Legislativo, todo ello en aras de instalar un relato favorable a la reelección indefinida.
El otro análisis del centro de pensamiento Razón Pública plantea si el presidente optará en su último año por la rectificación o por la radicalización. Pablo Sanabria Pulido plantea de entrada que al mandatario de los colombianos “debería inquietarle la forma como quedará inscrito en la historia”. Es decir, como un presidente que supo “rectificar el rumbo y concluir su gobierno sin quebrar más expectativas, o como aquel que dejó tras de sí una estela de debilitamiento institucional y erosión democrática”.
Para Sanabria, a menos de un año de culminar su gestión, el gobierno Petro exhibe un balance “más agrio que dulce y una gobernabilidad comprometida para cerrar de forma efectiva sus reformas”. El analista sostiene que los aspectos que mantienen cierta estabilidad tienen que ver con el crecimiento “lento pero positivo del PIB”, así como con la reducción del desempleo y una inflación moderada, en rigor, gracias a las medidas del Banco de la República que el gobierno ha atacado y desestimado en múltiples oportunidades.
Los problemas, enunciados por este analista, superan los logros: el déficit fiscal creciente; la pérdida de rumbo en las finanzas públicas; la rebaja en las calificaciones internacionales por el mal manejo fiscal; el fracaso del proceso de “paz total” y el agravamiento de la violencia, la inseguridad y el secuestro; el control de vastas zonas del país por mafias y grupos armados; un manejo débil de la política exterior y una búsqueda casi descarada de politización y clientelismo; el deterioro en la calidad de los servicios de salud y el aumento del gasto de bolsillo de las familias; la crisis del Instituto colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex, por sus siglas en español), así como las dudas sobre la “verdadera cobertura” en matrícula de educación superior. “Las caídas en varios indicadores fiscales y monetarios reflejan un camino que muchos comparan con una bomba de tiempo similar a la que vivieron Venezuela y Argentina”, puntualiza Sanabria.
Desde una perspectiva propositiva se sugiere que el gobierno debería culminar su periodo e iniciativas con una mejor receptividad, enfocándose en los temas urgentes y mejorando un legado que “hasta ahora parece esquivo y poco prometedor para más del 70% de los colombianos”, siguiendo “sus bajos niveles promedio de favorabilidad”. Con ese balance, lo menos inconveniente sería optar por el camino de la rectificación y pasar a la historia como el mandatario que corrigió el rumbo y respetó la institucionalidad. La otra vía, que denota un alto costo para el país, sería “intensificar la radicalización y la politiquería transaccional” donde el presidente optaría por continuar acompañado y rodeado de figuras que han “enrarecido” su propio ambiente político.
La realidad le permite inferir al analista que el gobierno probablemente se decantará por un modelo mixto, manteniendo cierto orden institucional en algunos frentes y generando descontrol en otros.
