La familia de Xosé Humberto Baena Alonso logra tras décadas de lucha que se aplique la Ley de Memoria Democrática para reconocer oficialmente como víctima al joven de 24 años ejecutado el 27 de septiembre de 1975 en Hoyo de Manzanares. La declaración de reconocimiento y reparación, firmada por el ministro Ángel Víctor Torres, establece que las condenas franquistas carecen de validez «por vicios de forma y fondo», cumpliendo así un sueño familiar iniciado por el padre del ejecutado un año después del fusilamiento.
Cincuenta años han tenido que transcurrir para que el Estado español reconozca oficialmente la inocencia de Xosé Humberto Baena Alonso, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo el 27 de septiembre de 1975. La hermana del joven gallego de 24 años ha recibido esta semana una declaración de reconocimiento y reparación del Gobierno que anula la condena dictada por un Consejo de Guerra sumarísimo y lo considera oficialmente víctima de la represión franquista.
La declaración, rubricada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez, constituye el primer caso exitoso de aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022 para anular las condenas de los últimos ejecutados por la dictadura. El documento establece que las sentencias franquistas carecen de validez debido a que la norma anula todas las resoluciones de los tribunales del régimen «por vicios de forma y fondo».
El reconocimiento culmina una batalla legal y familiar que comenzó hace medio siglo. Un año después del fusilamiento, el padre de Baena inició una lucha incansable para demostrar la inocencia de su hijo que se prolongaría hasta su muerte. La hermana del ejecutado, Flor Baena, recogió el testigo familiar y mantuvo viva la reivindicación durante décadas, enfrentándose incluso a amenazas anónimas por su persistencia en recuperar la dignidad de su hermano.
Un consejo de guerra plagado de irregularidades
Los hechos que llevaron a la ejecución de Baena se enmarcan en la escalada represiva final del franquismo. El joven gallego, militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), fue detenido el 22 de julio de 1975 a punta de pistola. Quince días después le comunicaron que se le acusaba de la muerte de un policía y que sería procesado por jurisdicción militar, pese a su condición de civil.
El Consejo de Guerra sumarísimo que lo condenó a muerte se celebró los días 11 y 12 de septiembre en las dependencias militares de El Goloso, cerca de Madrid. Tanto la familia como los abogados defensores denunciaron desde el primer momento que el proceso estuvo plagado de irregularidades. No se aceptó ni una sola de las 194 pruebas presentadas por la defensa, y los letrados apenas dispusieron de unas horas para preparar la estrategia.
Baena llegó a relatar las torturas sufridas durante su detención: «Me lanzaban de un extremo a otro de la pared, golpeándome con porras y con los puños. Caí varias veces al suelo, pero me levantaban rápidamente para seguir golpeándome. En una ocasión, mientras me sujetaban por la espalda, me agarraron por el cuello y me golpearon la cabeza contra un mueble metálico». La defensa demostró que Baena se encontraba en Portugal en el momento del asesinato del policía en Madrid, pero el tribunal desestimó todas las evidencias que lo habrían exonerado.
Últimos fusilamientos de la dictadura
El 27 de septiembre de 1975, exactamente dos meses antes de la muerte de Franco, se produjeron las últimas ejecuciones del franquismo. Junto a Baena fueron fusilados en el campo de tiro militar de Hoyo de Manzanares sus compañeros del FRAP José Luis Sánchez Bravo, de 19 años, y Ramón García Sanz, de 27. Ese mismo día también fueron ejecutados dos militantes de ETA político-militar: Juan Paredes Manot, conocido como «Txiki», de 21 años, y Ángel Otaegui, de 33.
Los pelotones de fusilamiento estuvieron compuestos íntegramente por voluntarios de la Guardia Civil. Según testimonios recogidos por investigadores, algunos agentes llegaron en autobuses especialmente para presenciar las ejecuciones en un ambiente de celebración. El párroco de Hoyo de Manzanares recordaría años después que muchos estaban ebrios y que uno de los fusilados aún respiraba cuando fue a administrarle la extremaunción, momento en que el teniente al mando le propinó el tiro de gracia.
La carta de despedida de Baena a sus padres, entregada tres días después del fusilamiento, refleja la dignidad con que afrontó su muerte: «Cuando me fusilen mañana pediré que no me tapen los ojos para ver la muerte de frente. ¿Recordáis lo que dije en el juicio?: Que mi muerte sea la última que dicte un tribunal militar. Ese era mi deseo, pero tengo la seguridad de que habrá muchos más».
Cinco décadas de impunidad judicial
Los fusilamientos del 27 de septiembre provocaron una ola de condenas internacionales y masivas protestas en España. La comunidad internacional consideró las ejecuciones como un acto de barbarie que evidenciaba la intransigencia final del régimen. Sin embargo, la llegada de la democracia no trajo consigo el reconocimiento inmediato de las víctimas.
La familia Baena agotó todas las vías judiciales disponibles durante décadas. Se dirigieron al Tribunal Constitucional, que declinó actuar por tratarse de hechos anteriores a la Constitución. El Tribunal de Estrasburgo ofreció la misma respuesta, argumentando que en 1975 España no había firmado la Declaración de Derechos Humanos. Incluso en 2005, cuando el Tribunal Supremo anuló formalmente las condenas a muerte de los cinco ejecutados, la medida careció del reconocimiento oficial como víctimas que ahora otorga la Ley de Memoria Democrática.
La nueva norma establece un marco jurídico que va más allá de la simple anulación de sentencias. Declara expresamente la ilegalidad de todos los tribunales franquistas de excepción y reconoce el derecho de las víctimas «a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva». El procedimiento permite obtener una declaración oficial que certifica la condición de víctima, aunque sin efectos económicos o patrimoniales.
El caso de Xosé Humberto Baena sienta un precedente para otras familias de víctimas del franquismo que buscan el reconocimiento oficial. La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, ha establecido los mecanismos administrativos necesarios para procesar estas solicitudes, aunque el ritmo de tramitación sigue siendo limitado. Según datos oficiales, el Gobierno concede actualmente una media de diez reparaciones mensuales.
El reconocimiento llega en un momento especialmente significativo, cuando España se prepara para conmemorar en 2025 el 50 aniversario de la muerte de Franco y la consolidación democrática. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado la creación de un Alto Comisionado y un comité científico de expertos para organizar un programa de actividades bajo el epígrafe «España en Libertad».
Para Flor Baena, hermana del ejecutado, el reconocimiento oficial representa el cumplimiento de un sueño familiar que comenzó su padre hace medio siglo. Como declaró hace quince años, nunca buscó venganza, sino simplemente que rehabilitaran el nombre de su hermano y reconocieran que fue víctima de un juicio injusto. El Estado español ha tardado cinco décadas en darle la razón, pero finalmente la memoria de Xosé Humberto Baena ha sido restituida.
