Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, favoritos en las elecciones del domingo, cerraron sus campañas con la promesa de desmantelar el modelo económico y político implantado por el Movimiento al Socialismo desde 2006. En un país golpeado por la peor crisis en 40 años, ambos candidatos apuestan por medidas de choque, recorte de subsidios y apertura al capital privado, en lo que podría significar un giro de 180 grados para Bolivia.
La campaña electoral en Bolivia llega a su recta final con un escenario que apunta a un giro político profundo. Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, ambos en la franja de centroderecha y prácticamente empatados en las encuestas, han cerrado sus actos con promesas de desmontar el modelo estatista aplicado por los gobiernos de izquierda en las últimas dos décadas. Este viraje se produce en medio de la peor crisis económica desde los años ochenta, con inflación cercana al 25 %, escasez de dólares y combustibles, y unas reservas internacionales en mínimos históricos.
El Movimiento al Socialismo, que durante años encarnó la hegemonía política bajo el liderazgo de Evo Morales y Luis Arce, aparece ahora fracturado y sin una figura competitiva. Morales, inhabilitado, impulsa el voto nulo como gesto de resistencia, mientras el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, apenas roza un 5,5 % de intención de voto. La erosión de la base social del MAS, en especial entre comunidades aimaras y quechuas, refleja un desgaste profundo de la narrativa de identidad y una creciente demanda de soluciones económicas concretas.
Doria Medina promete medidas inmediatas: frenar la inflación en cien días, normalizar el abastecimiento de combustibles y restablecer el flujo de dólares, con un programa de austeridad y recorte de subsidios. Quiroga, por su parte, plantea un “cambio radical” que incluye nuevas leyes para explotar los recursos naturales hoy nacionalizados y una reducción de impuestos para incentivar la inversión. Ambos coinciden en que la estructura económica actual es insostenible y requiere ajustes drásticos, incluso a riesgo de generar tensiones sociales.
Bolivia, con 11,3 millones de habitantes, se encuentra en un punto de inflexión. La salida del modelo vigente implicará negociar con organismos internacionales, reorganizar las finanzas públicas y asumir reformas impopulares pero necesarias para recuperar estabilidad. Las expectativas ciudadanas están divididas entre el anhelo de un cambio rápido y el temor a las consecuencias de políticas de choque. El próximo gobierno, sea quien sea, heredará un país con el desafío de restaurar la confianza interna y externa, reactivar la producción y, sobre todo, reconstruir el vínculo roto entre la política y la vida cotidiana.
