En un mensaje que resuena más allá de sus fronteras, Claudia Sheinbaum cerró la puerta a cualquier presencia militar estadounidense en México. La advertencia llega tras el anuncio de Donald Trump de habilitar al Pentágono para actuar contra los cárteles, a los que ha catalogado como organizaciones terroristas, una etiqueta que abre la puerta a un intervencionismo con largo historial en la región.
México ha hablado con la claridad que suele incomodar en Washington. La presidenta Sheinbaum, respaldada por la Cancillería, no solo ha rechazado el despliegue de tropas estadounidenses, sino que ha recordado que la cooperación contra el crimen organizado debe regirse por la soberanía, la igualdad y el respeto mutuo. Es una advertencia de que la colaboración se entiende dentro de un marco de respeto a la soberanía y que la historia latinoamericana está atravesada por intervenciones iniciadas con discursos similares: salvar vidas, combatir el crimen, restaurar el orden. Los ejemplos sobran, desde Centroamérica en los ochenta hasta las operaciones “humanitarias” que acabaron desestabilizando países enteros.
Trump ha colocado a los cárteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas, un movimiento que, más que proteger a su población del fentanilo, le permite ampliar la jurisdicción militar de Estados Unidos sin pasar por complejas negociaciones diplomáticas. En su relato, describe a los cárteles como “terroristas” que amenazan la seguridad nacional estadounidense. La elección de las palabras resulta estratégica: en la política exterior de Washington, la etiqueta de terrorista funciona como llave para abrir operaciones unilaterales.
México, en cambio, sostiene que la violencia ligada al narcotráfico se enfrenta mediante el ataque a las causas estructurales que la alimentan: desigualdad, corrupción, tráfico de armas y un mercado estadounidense que consume drogas en cantidades masivas, en lugar de recurrir a incursiones militares extranjeras. Sheinbaum ha dejado claro que cada país debe hacerse cargo de su parte, y que el combate al narco no puede convertirse en coartada para vulnerar fronteras.
El embajador Ronald Johnson intentó matizar el discurso de su presidente, hablando de un frente conjunto, de colaboración y de responsabilidad compartida. Sin embargo, las palabras contrastan con la narrativa de la Casa Blanca, que en el fondo sigue viendo a México como un espacio donde se puede actuar militarmente para resolver problemas que también son internos a Estados Unidos.
La tensión alcanza un nivel significativo en la agenda bilateral. Marca un choque de visiones que trasciende lo coyuntural: por un lado, la doctrina de “mano dura” que Trump quiere exportar a la región; por otro, la defensa de una soberanía que en América Latina ha costado décadas de luchas y cicatrices. El verdadero desafío consiste en derrotar a los cárteles y, al mismo tiempo, impedir que la solución herede un precedente peligroso. Porque cada vez que América Latina ha permitido que las botas extranjeras pisen su suelo, la factura se ha pagado en soberanía, en democracia y en dignidad.
En este pulso, México ha dibujado su línea roja. Lo que está en juego abarca tanto la seguridad como el modelo de relación con su vecino del norte. Y si algo queda claro, es que la historia continental enseña que la soberanía, una vez cedida, rara vez se recupera intacta.
