Un atentado político sacude la escena electoral colombiana y reabre viejas heridas. Las autoridades apuntan a la disidencia de las FARC como posible autor intelectual del ataque contra el senador opositor Miguel Uribe, precandidato presidencial.
La política colombiana vuelve a mirar al pasado con temor. Cuando muchos creían superada la era de los atentados contra líderes en campaña, el nombre de Miguel Uribe resuena hoy entre la vida y la muerte. Hospitalizado desde el 7 de junio tras recibir varios disparos en un mitin en Bogotá, el precandidato presidencial sigue en cuidados intensivos. A sus 39 años, Uribe era —y quizá aún es— una figura en ascenso del espectro conservador, favorito para las elecciones de 2026.
Esta semana, el director de la Policía, Carlos Fernando Triana, confirmó que las investigaciones apuntan a la Segunda Marquetalia, la disidencia guerrillera comandada en su origen por Iván Márquez. “Todo indica que forman parte del entramado detrás del atentado”, declaró en rueda de prensa. Aunque la autoría intelectual aún no está judicialmente probada, la hipótesis cobra fuerza en medios de inteligencia militar y entre analistas especializados.
La Segunda Marquetalia no es cualquier sigla. Se trata de un grupo surgido de la ruptura del proceso de paz firmado en 2016. Conformado por antiguos guerrilleros que retomaron las armas, hoy cuenta —según informes oficiales— con más de 2.000 combatientes. Algunos de sus líderes, incluido el propio Márquez, podrían haber muerto en circunstancias aún no confirmadas, pero la organización mantiene una presencia activa en zonas clave para el control territorial.
A nivel judicial, seis personas han sido detenidas, incluido un adolescente de 15 años que habría disparado contra Uribe. Pero la pieza que conecta con los posibles autores intelectuales es Elder José Arteaga Hernández, alias «El Costeño», capturado en julio. Su rol logístico habría sido fundamental en la ejecución del ataque.
Para muchos colombianos, el atentado evoca los fantasmas de los años ochenta y noventa, cuando la política se decidía a balazos y los candidatos presidenciales eran blancos recurrentes. Pero esta vez la violencia golpea en un contexto distinto: un país que firmó la paz, pero no ha conseguido consolidarla.
Los diálogos entre el Gobierno de Gustavo Petro y la Segunda Marquetalia, iniciados en Venezuela en 2024, están hoy suspendidos. ¿Se trató de un acto para sabotear ese proceso? ¿O es, como sugiere la Fundación Paz y Reconciliación, una estrategia de la disidencia para parecer más poderosa de lo que realmente es? En cualquiera de los casos, el objetivo político es innegable: debilitar la institucionalidad y sembrar incertidumbre.
Mientras tanto, la familia de Uribe celebra cada leve avance como un milagro. Su hermana, María Carolina Hoyos, ha dicho que ya inició una fase de neurorehabilitación. El país, sin embargo, sigue esperando otra recuperación: la de su democracia frente al miedo armado.
