Daniel Noboa vuelve a echar mano del estado de excepción para enfrentar a las bandas criminales en cuatro provincias clave, mientras Ecuador atraviesa su año más violento. Sin embargo, el decreto reaviva el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos civiles en una democracia en tensión.
Ecuador vive un momento crítico. El pasado 6 de agosto, el presidente Daniel Noboa dictó un nuevo estado de excepción que regirá durante 60 días en cuatro provincias costeras: El Oro, Manabí, Los Ríos y Guayas, sin incluir esta vez a Quito como en decretos anteriores. Según el nuevo decreto ejecutivo N.º 76, se suspende temporalmente la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia en estas zonas —estrategia que busca facilitar las operaciones policiales y militares en sectores críticos del narcotráfico.
Estas provincias, además de ser corredores estratégicos por sus puertos, concentran niveles alarmantes de violencia: Manabí ha registrado un aumento del 239 % en muertes violentas entre julio y agosto de este año comparado con el mismo período del 2024; Los Ríos un 55 %, mientras El Oro y Guayas han reportado descensos del 20 % y 15 %, respectivamente. En paralelo, Ecuador ya se consolida como uno de los países con mayor tasa de homicidios de la región: solo entre enero y abril de 2025 se cometieron más de 3.000 asesinatos, un aumento del 58 % frente al año anterior.
Este nuevo estado de excepción obedece al modelo agresivo de seguridad que Noboa viene aplicando desde inicios de 2024, cuando declaró lo que denominó un «conflicto armado interno» para justificar medidas extraordinarias que incluyen militarización de cárceles y suspensión de garantías legales. Sin embargo, la Corte Constitucional limitó estas excepciones, exigiendo alineación con el marco legal ordinario y evitando prolongar indefinidamente restricciones constitucionales.
En este contexto, el nuevo decreto parece buscar un delicado reequilibrio institucional: endurecer el combate al crimen sin exceder los márgenes legales establecidos por el alto tribunal. Pero la tensión persiste. Analistas, organizaciones civiles y sectores sociales como la CONAIE han alertado que el riesgo es caer en un modelo autoritario que enfatiza la eficacia represiva sobre las causas estructurales de la violencia.
Y es que, mientras las cifras de homicidios se disparan —Ecuador llegó a registrar 8.004 muertes violentas en 2023, con una tasa de 47,25 por cada 100.000 habitantes, posicionándolo como uno de los países más violentos del continente—, el Estado consolida su presencia militar en las calles con más mano dura y menos prevención.
En síntesis, el nuevo estado de excepción decretado por Noboa refleja la desesperada urgencia de enfrentar un crimen organizado que parece desbordar al Estado. Pero también cuestiona si, en ese afán, se corre el riesgo de minar la democracia. ¿Será posible estabilizar Ecuador sin sacrificar derechos fundamentales? Es la disyuntiva que enfrenta el país en este año clave.
