Mientras la reelección indefinida de Bukele divide a la región, la administración Trump la respalda como “constitucionalmente sólida”, revelando un doble rasero geopolítico que redefine las alianzas en América Latina.
Una sentencia muy popular en América Latina reza: «para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley». A la luz de los acontecimientos actuales, podría ser reformulada: «para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley o los aranceles y las fianzas».
Habida cuenta de los rasgmigoos y características comunes que comparten los presidentes populistas latinoamericanos y también el estadounidense, más allá de sus ideologías, la frase conserva plenamente su vigencia.
Medios de Estados Unidos destacan este miércoles, entre sus titulares, que el gobierno de Donald Trump rechaza la comparación del gobierno de Bukele con los “regímenes dictatoriales”, luego de la aprobación de la reelección indefinida en el país centroamericano.
Bukele, por su parte, ha asegurado que el “90 % de los países desarrollados permiten la reelección indefinida”. Y también dijo que: “El problema no es el sistema, sino el hecho de que un país pobre se atreva a actuar como soberano”. El mandatario, sin embargo, omite otras realidades: se trata de países con instituciones más sólidas, con un sistema de pesos y contrapesos, y donde el Parlamento ejerce control político y no funge como simple escribanía del presidente o jefe de gobierno.
La administración Trump ha rechazado comparar el proceso que tuvo lugar en el Poder Legislativo de El Salvador con aquellos procesos propios de regímenes dictatoriales ilegítimos. El proceso salvadoreño, sin embargo, habilita a Nayib Bukele a reelegirse, sin restricciones, cuantas veces lo estime necesario y por un periodo que se extendió de cinco a seis años —aunque se haya reducido el actual mandato en dos años para hacer coincidir la elección presidencial con la elección de parlamentarios.
Un poderoso Bukele, que ya gobierna, juega políticamente y compite con la cancha inclinada a su favor, está en condiciones de postularse para un tercer período. Y, en adelante, para todos los que quiera. Organizaciones de la sociedad civil, juristas y académicos —dentro y fuera del país— denuncian que esta ha sido una decisión del Legislativo a medida de Bukele. Analistas como Daniel Zovatto han sugerido que el presidente salvadoreño se prepara para establecer una dinastía familiar. América Latina, por cierto, ya conoce la dinastía Ortega-Murillo en Nicaragua.
No hay lugar al edulcorante: un presidente que gobierna de modo autoritario, por mucho que haya sido elegido por mayoría, y que ha transformado o deformado el sistema político y constitucional gracias a sus mayorías legislativas para perpetuarse en el poder, no admite muchos matices. Que esté a la izquierda o a la derecha del espectro político es solo un detalle. Como dijo el célebre escritor Mario Vargas Llosa: “no hay dictadores buenos”. Punto.
Pero está claro que la administración de Donald Trump difiere de ese punto de vista. Si se trata de un amigo, el calificativo es que el proceso está basado “en la democracia” y es “constitucionalmente sólido”.
Para el Departamento de Estado, la Asamblea Legislativa de El Salvador “fue electa democráticamente” y, como solo a este poder le corresponde hacer los cambios constitucionales en el país, todo está en orden. Omite, no obstante, lo que ha sucedido en materia institucional en estos años. Y asume como natural que una decisión de esta envergadura haya sido aprobada con 57 votos a favor y 3 en contra, de un total de 60 posibles.
La actual interpretación de la Casa Blanca responde al criterio de lo que se conoce como democracia plebiscitaria: “La Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores (…) Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país”, según ha expresado un vocero del Departamento de Estado a CNN.
La otra cara de la moneda es que Trump y Bukele han fortalecido sus relaciones. Y, en el orden de afectos hacia América Latina, quizás Bukele sea el favorito de Trump, si se tiene en cuenta que fue el primer presidente latinoamericano al que recibió en el Salón Oval tras su regreso al poder.
En contraprestación, El Salvador se ha convertido en un aliado irrestricto de Estados Unidos contra la inmigración ilegal. Esto incluyó detener en la megaprisión del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) a más de 250 venezolanos expulsados de Estados Unidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
