El campo mexicano se enfrenta a un nuevo ciclo de presiones comerciales por parte de Estados Unidos. Aranceles, amenazas y discursos ambiguos colocan a la alimentación en el centro de la tensión bilateral.
Cuando la soberanía alimentaria depende de decisiones ajenas, los márgenes de maniobra se reducen al mínimo. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) ha encendido las alertas: México, como principal comprador de granos estadounidenses, se encuentra ante el riesgo de una catástrofe alimentaria. Las medidas anunciadas por la administración Trump, bajo la forma de aranceles y plazos condicionados, reafirman una tendencia inquietante: la geopolítica de los alimentos ya se decide tanto en los almacenes de maíz como en los corredores diplomáticos.
La prórroga de 90 días concedida por Washington no llega como gesto de distensión, sino como señal de advertencia. El sentido de la medida resulta inequívoco: el abastecimiento depende de concesiones. El maíz, el jitomate, el ganado y otros productos agrícolas se transforman en fichas de negociación. La llamada telefónica entre el presidente republicano y Claudia Sheinbaum, actual jefa del Ejecutivo mexicano, selló un calendario cargado de exigencias, entre ellas la revisión de las restricciones al glifosato, sustancia hoy excluida del uso agrícola en México.
Desde la óptica de Álvaro López Ríos, líder de la UNTA, el campo mexicano atraviesa una etapa de doble lenguaje. Mientras se proclaman esfuerzos de defensa frente a las presiones externas, la realidad muestra una creciente dependencia. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos despliega estrategias para ampliar sus ventas, incluso mientras el gobierno de ese país levanta barreras contra los productos mexicanos.
Los números hablan con crudeza. En 2024, México compró más de 30.000 millones de dólares en alimentos a Estados Unidos, lo que ayudó a generar alrededor de 190.000 empleos en ese país. Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense contempla medidas para reorientar su producción hacia el mercado interno, lo cual abriría la puerta a nuevos aranceles o restricciones. El agro mexicano queda atrapado entre dos lógicas: servir como mercado cautivo y absorber el impacto de políticas proteccionistas extranjeras.
Frente a esta situación, la UNTA ha convocado una movilización nacional entre el 12 y el 14 de agosto. El destino: la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, donde se exigirá al titular del ramo, Julio Berdegué Sacristán, un cambio de rumbo.El objetivo consiste en defender tanto los intereses del gremio agrícola como el equilibrio alimentario del país.
México encabeza el listado de compradores agrícolas de Estados Unidos. Esta condición ha sostenido relaciones comerciales estables y, al mismo tiempo, ha expuesto al país a una forma de chantaje estructural. Cada tonelada de maíz importado refleja una arquitectura de dependencia, y cada medida arancelaria proyecta un equilibrio frágil. En este tablero, la alimentación aparece como una extensión de la política exterior.
