Veintiocho exmandatarios de América Latina, España y Puerto Rico expresaron su preocupación por el proceso judicial contra Álvaro Uribe, al que consideran plagado de vicios procesales, y solicitaron la intervención de organismos internacionales para garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
Una carta firmada por veintiocho expresidentes de América Latina, España y Puerto Rico ha elevado la presión internacional en torno al proceso judicial que enfrenta el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. El documento, divulgado por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), cuestiona la legalidad de la condena de 12 años de prisión domiciliaria que le fue impuesta en primera instancia por el delito de presunta manipulación de testigos.
Los firmantes aseguran que el caso se ha construido sobre fundamentos inestables, filtraciones mediáticas y testimonios poco creíbles. A su juicio, el proceso presenta anomalías que comprometen principios esenciales del debido proceso. La carta recuerda que el origen de la causa remonta a una denuncia presentada por el propio Uribe en 2012, cuando alertó sobre intentos de manipulación dentro del sistema penitenciario. Seis años después, el denunciante pasó a ocupar el lugar del investigado.
Entre las principales preocupaciones señaladas en la misiva figuran más de 21 mil interceptaciones telefónicas realizadas sin orden judicial, la utilización de testigos con antecedentes de falso testimonio, y el cambio de postura por parte de la Fiscalía, que en dos oportunidades anteriores había solicitado el archivo del expediente. A pesar de las objeciones de la Procuraduría, que solicitó la absolución del expresidente el pasado 27 de junio por falta de pruebas contundentes, el tribunal decidió emitir la condena.
Los exmandatarios firmantes exigen una revisión internacional del caso, el establecimiento de garantías judiciales plenas y el monitoreo permanente por parte de instancias como la ONU, la OEA y la CIDH. Consideran que el desenlace de este proceso podría erosionar la credibilidad de la justicia colombiana y sentar un precedente que amenace el equilibrio de poderes en la región.
La carta también destaca el papel que tuvo Uribe durante sus dos mandatos presidenciales en la lucha contra el crimen organizado. Más de 1.400 criminales fueron extraditados a Estados Unidos, entre ellos 14 jefes paramilitares, lo que refuerza —según los firmantes— la necesidad de proteger las garantías de quien, en su momento, lideró una de las políticas de seguridad más contundentes del continente.
Entre quienes respaldan la misiva se encuentran expresidentes como José María Aznar y Mariano Rajoy (España); Mauricio Macri (Argentina); Iván Duque (Colombia); Vicente Fox y Felipe Calderón (México); Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y Óscar Arias (Costa Rica); Guillermo Lasso, Lenin Moreno y Jamil Mahuad (Ecuador); Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti (Uruguay); además de otros exjefes de Estado de Bolivia, Paraguay, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Venezuela y Puerto Rico.
El mensaje final del documento es categórico: Álvaro Uribe ha comparecido siempre ante la justicia y jamás ha eludido sus responsabilidades. Los expresidentes consideran que ese comportamiento merece un juicio imparcial y transparente.
