ACS, la constructora española presidida por Florentino Pérez, logró embargar más de 300 millones de dólares al Estado peruano por un litigio vinculado al Metro de Lima. El caso ilustra la fragilidad de los países latinoamericanos frente al arbitraje internacional y al músculo jurídico de las grandes empresas transnacionales.
Mientras en las gradas del Bernabéu se celebran títulos y fichajes, en los tribunales europeos se libra otra clase de partido, mucho menos vistoso, pero con consecuencias reales. Florentino Pérez —empresario, presidente del Real Madrid y cabeza del gigante constructor ACS— acaba de embargar US$315 millones al Estado peruano, tras un fallo parcial del CIADI por controversias en la construcción del Metro de Lima, según lo reportado por la prensa peruana.
La historia es larga, pero el golpe es reciente. En 2017, ACS se alió con Graña y Montero y otras firmas para ejecutar un megaproyecto de infraestructura urbana. Lo que siguió fue un cúmulo de retrasos, problemas administrativos y disputas por la entrega de terrenos y permisos técnicos. Perú no cumplió lo prometido, según alegan las constructoras, y estas recurrieron al sistema internacional de arbitraje. Hoy, Luxemburgo acoge un embargo millonario mientras Perú litiga para ganar tiempo.
La cifra impacta, pero lo verdaderamente inquietante es el desequilibrio estructural que pone en evidencia. Una empresa con acceso a despachos de abogados globales, cláusulas blindadas y tribunales transnacionales puede poner en jaque a un Estado soberano. Más que un caso de corrupción o victimismo, el conflicto revela asimetrías de poder legal y financiero, en un sistema internacional cuyas reglas parecen diseñadas para quienes cuentan con banca propia.
Florentino, desde luego, no ha hecho nada ilegal. Lo que hace ACS es ejercer sus derechos conforme a los mecanismos pactados por los Estados en tratados bilaterales de inversión. El problema está en la arquitectura misma de ese sistema: tribunales opacos, sin control democrático, capaces de imponer millonarias sanciones por disputas técnicas o administrativas.
En el caso del Metro de Lima, la ironía es doble. Se trata de una obra pública destinada a aliviar el transporte urbano en una de las capitales más congestionadas del continente. El conflicto ha desembocado en una escena desigual: Perú litiga por cada dólar ante una corporación transnacional que opera desde despachos de élite y se mueve entre Luxemburgo y Madrid en avión privado.
El gobierno peruano ha pedido la nulidad parcial del laudo. Podría lograrlo en parte, aunque el resultado definitivo no se conocerá hasta 2026. Mientras tanto, los fondos embargados en Europa ya afectan la disponibilidad presupuestaria del Estado. No es la primera vez que esto ocurre. Argentina, Colombia, México y otros países han enfrentado escenarios similares.
Es hora de revisar el andamiaje. América Latina no puede seguir firmando tratados que consagran jurisdicciones extranjeras como árbitros finales de sus políticas públicas. No se trata de cerrar puertas ni de rechazar la inversión extranjera. Se trata de defender la capacidad de los Estados para resolver disputas bajo normas propias, con mecanismos equilibrados y sin tribunales privatizados.
Florentino, desde su doble tribuna, gana partidos en la cancha y en la sala de audiencias. Mientras tanto, los ciudadanos de Lima seguirán esperando un metro que avanza a ritmo de demandas, más que de obras.
