Con una mayoría mínima en el Senado, Donald Trump impulsa un proyecto fiscal que grava remesas, endurece la política migratoria y restringe beneficios sociales de millones de migrantes.
El Senado de Estados Unidos aprobó por un solo voto —51 a 50, tras el desempate del vicepresidente J.D. Vance— el ambicioso plan fiscal impulsado por Donald Trump, bautizado como “One Big, Beautiful Bill”. Ahora regresa a la Cámara de Representantes para su conciliación, pero ya se anticipa su impacto severo sobre las comunidades migrantes. El texto contempla un impuesto del 1 % a las remesas, una rebaja considerable respecto al 3,5 % aprobado inicialmente, y un desembolso masivo de recursos para deportaciones, vigilancia y control fronterizo.
La norma prevé invertir casi 170.000 millones de dólares en materiales, infraestructura y contratación de más de 20.000 nuevos agentes para ICE y CBP, así como la construcción o ampliación de centros de detención. Introduce tarifas hasta de 1.000 dólares para solicitar asilo, 550 dólares por permisos de trabajo y 900 por apelaciones migratorias, además de vetar el acceso al crédito fiscal para hijos de indocumentados y restringir Medicaid, SNAP y otras ayudas esenciales.
Esta legislación fue impulsada en medio de división interna dentro del Partido Republicano. Tres senadores se opusieron a la propuesta por considerar que aumenta drásticamente el déficit —estimado en 3,3 billones de dólares en una década por la Oficina de Presupuesto del Congreso—. A pesar de ello, el ala más conservadora del partido logró empujarla hacia adelante. El magnate Elon Musk ha criticado duramente el proyecto, afirmando que quienes hicieron campaña en contra del gasto ahora votan por el mayor incremento de deuda en la historia reciente.
El impacto del impuesto a las remesas trasciende las fronteras de EE. UU.: México y otros países de Centroamérica anunciaron medidas para proteger a sus nacionales, como el reembolso del gravamen a través de tarjetas consulares. Economistas alertan que en economías dependientes de las remesas este tributo podría generar pérdidas anuales por miles de millones, afectando directamente salud, educación y microempresas familiares.
Expertos de la OIM han señalado que en 2024 las remesas familiares superaron a la ayuda oficial internacional, consolidándose como fuente clave de sostenibilidad para millones de hogares. El nuevo proyecto fiscal podría revertir este flujo vital de recursos, creando una crisis socioeconómica prolongada en América Latina.
Desde una mirada transatlántica, la combinación de recortes fiscales y endurecimiento migratorio marca una estrategia política regresiva. La narrativa oficial retrata a los migrantes como carga fiscal, mientras ignora su rol como motores económicos que abastecen economías enteras. El plan reafirma una visión nacionalista que prioriza números sobre solidaridad.
Sin embargo, esta ofensiva también plantea un dilema: se vende como fórmula para estabilizar las finanzas públicas, pero elimina redes de protección para los más vulnerables. La verdadera prueba de su aprobación dependerá de la respuesta política en la Cámara Baja en periodos electorales clave de medio término, con posibles efectos en las elecciones intermedias.
La migración sigue siendo tratada como problema, no como fenómeno humano ni como vínculo continental. En un panorama cada vez más globalizado, este plan revela la tensión entre una nación que necesita del trabajo migrante y otra que busca marginarlo por cálculo económico. América Latina observa con preocupación, pues la aprobación definitiva podría marcar el pulso de políticas similares en otras regiones.
