La reciente decisión del gobierno peruano de desoír a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con la ley de amnistía para miembros de las fuerzas del orden, ha reactivado un debate profundo: ¿defender la soberanía equivale a ignorar los compromisos internacionales que buscan justicia para las víctimas?
La presidenta Dina Boluarte ha defendido con firmeza la aprobación del proyecto de ley que beneficia a militares, policías y comités de autodefensa implicados en crímenes cometidos durante la lucha antiterrorista previa al año 2000. Bajo el argumento de una “intervención inadmisible” por parte de la Corte IDH, el Ejecutivo ha adoptado una postura que reivindica la autonomía del Estado como un principio absoluto. La afirmación de que “el Perú no es colonia de nadie” busca aglutinar apoyos internos, pero también proyecta una imagen de confrontación innecesaria en el escenario internacional.
El conflicto va más allá de un proyecto legislativo puntual: involucra una concepción del Estado frente al derecho internacional y la memoria histórica. El sistema interamericano de derechos humanos surge de un pacto regional concebido para proteger a las personas ante los abusos del poder. La incorporación del Perú a ese marco fue resultado de una decisión soberana, no de una imposición. Esa elección supuso asumir compromisos legales ante la ciudadanía nacional y frente al conjunto de América Latina.
La amnistía en cuestión busca cerrar procesos penales abiertos contra agentes estatales acusados de violaciones graves: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas. Al conceder un perdón generalizado, sin distinciones ni esclarecimientos previos, se debilita el principio de justicia. El mensaje que transmite es inquietante: el Estado prioriza proteger a sus instituciones por encima de su deber de reparar a las víctimas.
Desde el Congreso, voces como la del parlamentario Fernando Rospigliosi han exigido la promulgación de la ley junto con la desvinculación del país del sistema interamericano. Esa línea política empuja al Perú hacia una posición de aislamiento regional. Los tratados firmados por el Estado peruano expresan un ejercicio soberano que articula compromisos colectivos para proteger los derechos fundamentales. Romper con esos acuerdos significa debilitar la arquitectura democrática sobre la que descansa la legitimidad del Estado.
El Ejecutivo insiste en que se han respetado los principios de justicia y que la ley busca dar cierre a un conflicto doloroso. Sin embargo, el cierre auténtico de una herida nacional requiere antes el reconocimiento de responsabilidades, el acceso a la verdad y la reparación a las víctimas. Omitir esos pasos equivale a ocultar el conflicto bajo el manto de una reconciliación impuesta desde arriba.
La Corte IDH, por su parte, actúa conforme a reglas claras, a solicitud de víctimas y organismos independientes. Su función es corregir los vacíos de justicia que los propios Estados no han resuelto. Convertir esa función en blanco de acusaciones políticas desacredita tanto al tribunal como al Perú en su papel de garante de los derechos humanos.
La estabilidad institucional que el gobierno invoca no se logra a través de decretos que silencian el pasado. Se construye fortaleciendo el Estado de derecho, escuchando a las víctimas y cumpliendo los compromisos asumidos. La paz no brota del olvido; requiere memoria y responsabilidad.
La presidenta Boluarte busca proyectar fortaleza institucional, pero su estrategia erosiona la confianza en el compromiso democrático del país. Al avanzar con una ley de amnistía general sin diálogo ni legitimidad internacional, el Perú corre el riesgo de abrir una grieta mayor: la que separa a los Estados de sus ciudadanos cuando la justicia se convierte en cálculo político.
