En su último informe al Congreso, la presidenta Dina Boluarte prometió derrotar la extorsión y el sicariato. En un país donde los ciudadanos han perdido confianza y la violencia crece, sus palabras suenan a apertura de una batalla decisiva o al eco de un vacío de poder.
La mandataria peruana se presentó ante el Congreso durante más de cuatro horas en medio de protestas y gases lacrimógenos. Prometió librar “una batalla firme, decidida y sin tregua contra el crimen” y aseguró que extendería la lógica de los combates contra el terrorismo al desafío de la extorsión y el sicariato. Mientras hablaba, el rechazo popular era palpable: su desaprobación roza el 96 %, según encuestas recientes.
En lo que va del año, entre enero y junio, se registraron 13.667 denuncias de extorsión, un incremento del 25,5 % frente al mismo semestre del año anterior. Este fenómeno alcanza sectores estratégicos como el transporte público, donde choferes y propietarios sufren cobros de cupos y amenazas constantes. En Lima y Callao, las crisis derivadas de estas prácticas han paralizado empresas y generado huelgas masivas.
Boluarte insistió en responsabilizar a gobiernos anteriores por la expansión del crimen organizado y advirtió que, de continuar esa deriva, Perú se encaminaría hacia convertirse en “un país fallido”, similar —según sus palabras— a Venezuela, Bolivia o Cuba. Y prometió aplicar métodos de los años noventa para enfrentar esta crisis actual: “Así como derrotamos al terrorismo, derrotaremos a quienes usan el miedo para explotar ciudadanos”.
Pero ese tono beligerante contrasta con el escenario político: el Congreso ha aprobado leyes cuestionadas por debilitar mecanismos de combate al crimen organizado. La llamada Ley 32108, criticada por sectores judiciales y de derechos humanos, ha generado tensiones entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Fiscalía.
Cuando Boluarte prometió actuar sin tregua, su gobierno ya había desplegado militares en las calles en apoyo a la policía. Sin embargo, la estrategia de presencia dura no ha logrado reducir las denuncias ni restaurar la confianza ciudadana.
En medio del discurso, el conflicto interno también tomó forma. Parlamentarios interrumpieron su mensaje con gritos de “asesina”, en referencia a la represión durante las protestas iniciales de su mandato.
Y por si faltara, la presidenta enfrenta investigaciones en la fiscalía por presuntas irregularidades: desde haberse sometido a una cirugía estética sin informar al Congreso, hasta no declarar relojes de lujo utilizados en actos públicos.
La paradoja se resume así: un país que necesita certezas frente a la inseguridad recibe promesas firmes y discursos de confrontación, mientras el poder legislativo avanza con leyes que generan desconfianza. El Ministerio Público alerta que apenas alrededor del 20 % de las víctimas de extorsión se atreve a denunciar.
La testigo más expectante de ese mensaje fue la ciudadanía, que ha manifestado su desesperanza en protestas, bloqueos y crisis laboral. Transportistas, comerciantes y ciudadanos enteros demandan acciones distintas, no más gestos retóricos.
Si hay algo claro es que el combate a la violencia organizada necesita más que proclamas: exige transparencia institucional, colaboración entre poderes del Estado y una política de justicia restaurativa centrada en las víctimas.
El último informe de Boluarte no solo marca el final de su período presidencial en julio de 2026, sino que inaugura un nuevo capítulo donde las contradicciones de Perú, entre discurso y realidad, estarán a prueba. El reto: transformar la retórica en resultados tangibles.
