El presidente del Gobierno acumula más de cien derrotas parlamentarias y ha retirado 32 leyes del calendario legislativo por falta de apoyos. España funciona por tercer año consecutivo con los presupuestos prorrogados de 2022, en una situación inédita que evidencia la descomposición de la mayoría de investidura. No obstante, Sánchez intenta compensar esta parálisis mediante una intensa agenda social e internacional que le permita resistir hasta 2027.
La legislatura que prometía «estabilidad progresista» enfrenta turbulencias que plantean interrogantes sobre su funcionamiento, si bien el Gobierno mantiene su capacidad ejecutiva y ha logrado aprobar iniciativas relevantes. El Ejecutivo acumula más de cien derrotas parlamentarias desde la investidura, pero también ha sacado adelante la ley de amnistía, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y reformas constitucionales incluso con el apoyo del Partido Popular (PP). Los datos reflejan una realidad compleja: España atraviesa dificultades parlamentarias inéditas que coexisten con una actividad gubernamental que, pese a los obstáculos, continúa funcionando.
-
Parálisis presupuestaria: ¿símbolo de ingobernabilidad?
El caso más paradigmático de esta crisis es la incapacidad para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. España funcionará por tercer año consecutivo con las cuentas de 2022, aprobadas en otra legislatura por un Parlamento completamente diferente, una anomalía inédita en cuatro décadas de régimen constitucional. Los presupuestos vigentes fueron diseñados antes de la guerra de Ucrania, la crisis inflacionaria y los compromisos de gasto militar con la OTAN, lo que convierte al Gobierno en gestor de una realidad económica que no controla.
Fuentes gubernamentales han confirmado que Sánchez ya comunicó a varios ministros su renuncia a presentar las cuentas de 2025, en una decisión que contradice sus propias declaraciones y las de la vicepresidenta María Jesús Montero, quien también es ministra de Hacienda. No existe negociación alguna en marcha y ni siquiera los ministerios han iniciado los trabajos preparatorios. El rechazo de Junts a los objetivos de déficit en julio certificó la muerte clínica de cualquier aspiración presupuestaria, con Carles Puigdemont exigiendo 50.000 millones de euros en «deuda pendiente» con Cataluña.
Sin objetivos de déficit aprobados, cualquier plan fiscal que España debe presentar a Bruselas carece de consistencia. Eva Poptcheva, exvicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, se ha llegado a preguntar ante los medios de comunicación con qué credibilidad puede el país enviar a la UE «un plan fiscal a medio plazo para reducir una deuda del 109% del PIB» cuando es incapaz de aprobar sus propios presupuestos.
-
Un complejo panorama legislativo: éxitos y bloqueos
El balance legislativo de la legislatura presenta claroscuros que reflejan tanto las dificultades como los logros del Ejecutivo. La Mesa del Congreso mantiene 65 leyes en tramitación por falta de apoyos suficientes, mientras que el Gobierno ha retirado 32 iniciativas del calendario parlamentario para evitar derrotas previsibles. Sin embargo, estos datos deben contextualizarse con los éxitos conseguidos: la ley de amnistía, la renovación del CGPJ tras cinco años de bloqueo, la reforma del artículo 49 de la Constitución y la ley de paridad.
El ritmo legislativo actual contrasta con anteriores mandatos, aunque, no obstante, no puede calificarse de improductivo. Sánchez ha logrado aprobar cinco leyes, tres orgánicas y siete decretos en su primer año, cifras inferiores a las 17 leyes de Rajoy en período similar, pero que incluyen normativas de gran calado político y social. La ley de amnistía, pese a su polémica tramitación, representó un logro parlamentario significativo tras meses de negociación con ERC y Junts.
Entre las iniciativas bloqueadas figuran propuestas como la Ley de Familia, medidas contra la ocupación ilegal de inmuebles impulsada por Junts, y reformas del Código Penal para proteger la libertad de expresión. Este «embotellamiento» legislativo responde tanto a la fragmentación parlamentaria como a la estrategia gubernamental de evitar derrotas que debiliten su posición política.
-
Votaciones adversas: casos paradigmáticos de fragmentación
Algunos episodios parlamentarios ilustran la complejidad de la aritmética legislativa actual. El decreto ómnibus, que incluía la revalorización de las pensiones, fue rechazado en enero por 177 votos frente a 171, resultado de una coalición circunstancial entre PP, Junts y Vox que respondía a motivaciones diferentes en cada caso. La posterior aprobación por separado de la revalorización de pensiones demostró que el contenido, más que el fondo, determinó el resultado de la votación.
La ley del PSOE contra el proxenetismo fue desechada por el voto en contra de Sumar, evidenciando las diferencias internas de la coalición progresista en temas sensibles. El decreto antiapagones, con medidas consensuadas tras el gran apagón de abril, cayó por una coalición heterogénea que incluyó a Podemos y un diputado de Sumar, reflejando tanto desacuerdos técnicos como posicionamientos políticos.
Estas derrotas, sin embargo, coexisten con éxitos parlamentarios significativos. El Gobierno logró la renovación del CGPJ con el apoyo del PP tras años de bloqueo, aprobó la reforma constitucional sobre lenguas cooficiales, y sacó adelante medidas anticrisis y la reforma del subsidio por desempleo. La aritmética parlamentaria, compleja pero no imposible, requiere negociaciones caso por caso que a veces resultan exitosas y otras fracasan por cuestiones coyunturales.
-
La adaptación ejecutiva: decretos sociales y proyección internacional
Ante las dificultades parlamentarias, el Gobierno ha desarrollado una estrategia de adaptación que combina la actividad ejecutiva con la proyección internacional. En el plano interno, Sánchez ha intensificado el uso de decretos para implementar políticas sociales que no requieren tramitación parlamentaria: subidas del salario mínimo, medidas de reducción de jornada laboral, políticas de vivienda y paquetes anticrisis. Esta vía ejecutiva permite mantener el pulso reformista y la conexión con la base electoral, aunque con las limitaciones propias de los decretos frente a las leyes ordinarias.
La actividad internacional del presidente, lejos de representar una huida hacia adelante, responde a una lógica de liderazgo que busca posicionar a España como referente progresista. Su participación en la cumbre «Democracia siempre» de Santiago de Chile, junto a Lula, Boric, Petro y Orsi, forma parte de una estrategia de construcción de alianzas internacionales que refuerza la posición española en el escenario global. Las giras latinoamericanas y la defensa del multilateralismo constituyen elementos de una política exterior activa que trasciende las dificultades internas.
Esta doble estrategia tiene limitaciones evidentes, pero también potencialidades. Los decretos permiten implementar políticas concretas, aunque no puedan abordar reformas estructurales que requieren rango de ley. La proyección internacional genera credibilidad exterior y puede facilitar futuras negociaciones domésticas, aunque no resuelve directamente los problemas de fragmentación parlamentaria.
-
Resiliencia hasta 2027: búsqueda de nuevas fórmulas de gobernabilidad
Pese a las dificultades parlamentarias, Sánchez mantiene su determinación de agotar la legislatura hasta 2027, una decisión que responde a la legitimidad democrática derivada del resultado electoral. Su compromiso de presentar los presupuestos de 2026 refleja la voluntad de seguir buscando fórmulas de consenso parlamentario, aunque su historial presupuestario evidencie las complejidades de esta tarea. La paradoja con su decisión de 2019, cuando convocó elecciones tras el rechazo de ERC, ilustra cómo contextos políticos diferentes pueden llevar a estrategias distintas.
Esta situación plantea cuestiones sobre la evolución de la gobernabilidad en sistemas fragmentados. ¿Cómo puede un Ejecutivo mantener la eficacia cuando debe negociar cada iniciativa por separado? ¿Qué nuevas fórmulas de gestión política emergen cuando la mayoría automática desaparece? El propio Sánchez ha redefinido el concepto de acción gubernamental argumentando que las leyes «son un medio, no un fin», una perspectiva que reconoce la diversidad de herramientas disponibles para la acción pública.
La experiencia actual demuestra que es posible gobernar sin mayorías absolutas, aunque ello requiera adaptaciones en los métodos y expectativas. Tal situación acrecienta la incertidumbre y ralentiza algunos procesos, pero no invalida necesariamente la capacidad de gestión. La fragmentación parlamentaria, más que un problema a resolver, se presenta como una nueva realidad a la que el sistema político debe adaptarse, desarrollando mecanismos más sofisticados de negociación y consenso.
La experiencia parlamentaria que atraviesa Pedro Sánchez refleja las tensiones propias de democracias maduras en contextos de pluralidad política creciente. La estrategia de adaptación del Gobierno, combinando decretos, negociaciones caso por caso y proyección internacional, representa un laboratorio de nuevas fórmulas de gobernabilidad. La democracia española experimenta así un proceso de maduración institucional que, lejos de representar una crisis del sistema, puede incluso contribuir a desarrollar mecanismos más inclusivos y representativos de la diversidad social.
*David Alvarado: politólogo y periodista español
