La reciente declaración de Marco Rubio, actual Secretario de Estado de EE. UU., reaviva una peligrosa narrativa sobre Venezuela: acusa a Nicolás Maduro de liderar una organización terrorista y de introducir drogas en suelo estadounidense. Detrás de esta acusación, resurgen viejas estrategias de presión hemisférica y nuevas piezas en el ajedrez electoral de Estados Unidos.
El 27 de julio, Marco Rubio, uno de los principales arquitectos de la política exterior republicana hacia América Latina, volvió a colocar a Venezuela en el centro del tablero geopolítico. Desde su cuenta oficial en X (antes Twitter), el Secretario de Estado afirmó tajantemente: “Maduro NO es el presidente de Venezuela y su régimen NO es el gobierno legítimo. Maduro es el líder del Cártel de Los Soles (…) y está acusado de introducir drogas en Estados Unidos”.
La acusación no es nueva, pero sí lo es el tono y el momento. Bajo la administración Trump —a la que Rubio ahora pertenece formalmente como jefe diplomático— se retoman tesis del lawfare transnacional y del “narcoestado” como recurso político. La narrativa del enemigo exterior no solo apunta a Maduro, sino que engloba a toda una red supuestamente conectada con carteles como el de Sinaloa y el grupo armado Tren de Aragua. Para el Departamento del Tesoro, el mensaje es claro: Venezuela representa un “riesgo para la seguridad nacional” de Estados Unidos.
Sin embargo, la contundencia del discurso choca con las realidades diplomáticas. En paralelo a estas declaraciones, la administración Trump ha autorizado a Chevron a reanudar operaciones petroleras en Venezuela, reanudando la cooperación económica tras meses de sanciones. La aparente contradicción deja entrever una doble vía: máxima presión política acompañada de pragmatismo energético.
Más allá del fondo penal —donde hasta ahora no hay condenas firmes contra Maduro en tribunales estadounidenses—, lo que está en juego es el control del relato. El uso del término “organización terrorista” para referirse al Cártel de los Soles permite a Washington desplegar medidas extraordinarias sin pasar necesariamente por organismos multilaterales. Y otorga a Rubio una plataforma de legitimidad interna ante un electorado que sigue viendo en Venezuela un símbolo del “socialismo fallido”.
Los efectos no tardaron en sentirse. La cancelación de las visas al equipo juvenil venezolano que debía participar en la Serie Mundial infantil ha generado indignación en redes sociales, incluso entre figuras que rechazan al chavismo. La diplomacia de la exclusión parece sustituir a la diplomacia pública.
El drama venezolano, con su grave crisis institucional y social, merece algo más que eslóganes. Pero Washington insiste en una lógica binaria: los buenos y los malos, los democráticos y los narcos. Mientras tanto, millones de venezolanos siguen atrapados entre sanciones, discursos y una crisis prolongada.
Rubio ha puesto la primera piedra para reinstalar el expediente Venezuela en la agenda electoral de 2026. El problema es que cuando se usa el lenguaje del enemigo absoluto, los puentes se vuelven imposibles. Y con ellos, cualquier vía para una transición pacífica y legítima.
