El aumento del crimen organizado ha dejado de ser una preocupación periférica en Chile. Hoy es el centro emocional de una campaña presidencial donde la promesa de orden se impone como capital político. La izquierda habla de planes integrales. La ultraderecha ofrece castigo ejemplar. Pero, ¿qué tipo de país se construye desde la inseguridad?
Santiago ya duerme distinto. El temor ha modificado rutinas, empujado a la gente hacia el encierro temprano, vaciado las calles a partir de cierta hora. “Antes esto no pasaba”, repiten voces como eco de una época idealizada. Más allá del dato estadístico, lo que define la escena es la percepción acumulada. Aunque Chile presenta una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina, el crecimiento sostenido de delitos violentos desde 2015 y el avance del crimen organizado han hecho mella en su tejido social.
La seguridad, tradicionalmente vista como asunto técnico, se ha convertido en eje emocional de la campaña presidencial de noviembre. Con Gabriel Boric fuera de competencia por mandato constitucional, su sucesora designada, Jeannette Jara, intenta blindar a la izquierda con una propuesta basada en inteligencia financiera, presencia estatal en barrios vulnerables y reforma policial. La tarea es compleja. José Antonio Kast —candidato de la ultraderecha y nostálgico del pinochetismo— lidera actos con discursos de orden y fuego, en los que promete acción sin concesiones y restaurar el control del Estado.
La retórica de Kast conecta con sectores que perciben una retirada institucional. Su fórmula es sencilla: más cárceles, castigos severos, cierre de fronteras. Este patrón se observa también en otros países latinoamericanos. Desde Nayib Bukele en El Salvador hasta Javier Milei en Argentina, crece una narrativa conservadora que vincula inseguridad con debilidad estatal y propone medidas punitivas como única respuesta. En ese marco, las explicaciones estructurales pierden fuerza. La izquierda enfrenta una paradoja: cuanto más compleja su propuesta, más difícil resulta conectar con un electorado urgido por soluciones inmediatas.
La campaña también revela un dilema cultural. El sociólogo Mauro Basaure lo resume bien: “La derecha logró una narrativa emocionalmente eficaz”. Frente al miedo, las ideas complejas pierden tracción. A esto se suma una novedad institucional: el voto obligatorio, que introduce mayor incertidumbre. La movilización popular puede favorecer opciones tradicionales o fortalecer pulsiones reactivas. El desenlace aún no se define.
El foco en la criminalidad tiene un peso concreto: según un estudio de la Universidad Católica, el país pierde alrededor del 2,6% de su PIB por efectos asociados a la delincuencia. Sin embargo, reducir el fenómeno a una cuestión de fuerza bruta simplifica una realidad más amplia, que incluye narcotráfico transnacional, desigualdad territorial, corrupción institucional y precariedad juvenil. Lo complejo no es identificar el problema, sino proponer soluciones capaces de reparar sin quebrar el tejido democrático.
Chile vive más que una elección presidencial. Disputa una narrativa sobre el futuro de su democracia. La seguridad ocupa un lugar central. Pero también el modo en que se defiende importa. Un país que responde al miedo con autoritarismo intercambia una amenaza por otra.
