El gobierno panameño ha intensificado sus reformas fiscales y tecnológicas con el objetivo de salir de las listas de riesgo elaboradas por la Unión Europea y la OCDE. Más allá del plano legal, el verdadero reto es restaurar la credibilidad internacional perdida desde los escándalos de 2016.
Panamá quiere dejar atrás la etiqueta de “paraíso fiscal” que le ha acompañado durante casi una década. El reciente traslado del país al Anexo II de la lista de cooperación fiscal de la Unión Europea, que lo aparta del grupo de jurisdicciones de alto riesgo, representa un paso en la dirección correcta. Sin embargo, ese cambio es todavía parcial: la exclusión definitiva exige reformas más profundas para impedir el uso de sociedades opacas destinadas a evadir impuestos fuera del país.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, declaró que ya se han aprobado modificaciones legislativas y que “quedan algunos ajustes pendientes”. El núcleo del problema reside en el sistema tributario panameño, basado en el principio de territorialidad: se pagan impuestos únicamente por los ingresos generados dentro del país, no por las rentas obtenidas en el exterior. Este modelo —si bien legal— ha sido cuestionado por permitir la creación de estructuras financieras que dificultan la trazabilidad de operaciones.
Chapman defiende que Panamá cuenta hoy con mejores herramientas tecnológicas, funcionarios capacitados y protocolos interinstitucionales para el intercambio de información fiscal. Pero las críticas no provienen solo de Bruselas. La OCDE también mantiene al país en su propia lista de naciones con deficiencias en la transparencia tributaria, y ha instado a un ritmo más ágil de implementación. Los efectos de permanecer en estas listas son tangibles: se reduce el atractivo para la inversión extranjera, aumentan los costos de financiamiento internacional y se prolonga un estigma reputacional difícil de disipar.
El sector financiero local coincide en que el modelo actual necesita una actualización. El presidente de una reconocida asociación bancaria del país ha calificado el sistema de territorialidad como “romántico y probablemente obsoleto”, argumentando que no está en sintonía con las exigencias de una economía global hiperregulada. A su juicio, no basta con aprobar leyes: es necesario demostrar capacidad institucional para cumplirlas.
El recuerdo de los Panama Papers continúa pesando. A casi una década del escándalo, que reveló redes de sociedades offshore utilizadas para evasión fiscal y lavado de activos, el país aún arrastra las consecuencias. Aunque Chapman insiste en que la mayoría de los ciudadanos no tuvo relación alguna con esos delitos —que además ocurrieron fuera del territorio—, reconoce que la mochila que dejó aquel episodio “sigue siendo pesada”.
Hoy, Panamá enfrenta una oportunidad de inflexión. Las reformas ya iniciadas apuntan en la dirección correcta, pero el éxito dependerá de que puedan transformarse en prácticas verificables. La UE y la OCDE tienen calendarios definidos para inspeccionar avances, y esas visitas técnicas no se satisfacen con promesas. Será necesario probar —con hechos, no con discursos— que el país ha cerrado la puerta a la opacidad y abraza una cultura fiscal alineada con los estándares internacionales.
El verdadero desafío no es solo salir de una lista: es asegurar que Panamá no vuelva a entrar nunca más.
