La región enfrenta tres comicios presidenciales decisivos en Bolivia, Honduras y Chile, junto a las legislativas argentinas, en un contexto marcado por el agotamiento de los viejos liderazgos, la polarización extrema y el avance de discursos autoritarios que amenazan la estabilidad democrática regional. Las encuestas revelan escenarios inéditos de fragmentación partisana que abren la puerta a outsiders y candidatos rupturistas, mientras la crisis económica y el descontento social impulsan propuestas iliberales inspiradas en los modelos de Trump, Bukele y Milei.
El segundo semestre de 2025 se perfila como uno de los períodos más decisivos para el futuro político de América Latina en décadas. Tres elecciones presidenciales —Bolivia, Honduras y Chile— junto a los comicios legislativos argentinos configuran un panorama electoral que trasciende las fronteras nacionales para convertirse en un termómetro del estado de salud democrática regional. Los resultados de estos procesos no solo definirán el rumbo de estos países durante los próximos años, sino que marcarán tendencias que reverberarán en todo el continente. Esta simultaneidad de procesos electorales, sumada a la crisis de legitimidad que atraviesan los sistemas políticos tradicionales, genera un escenario de incertidumbre que recuerda las advertencias de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt sobre la fragilidad democrática en How Democracies Die. La erosión de las normas democráticas no siempre ocurre mediante golpes militares, sino a través de la llegada al poder de líderes que utilizan las instituciones para socavarlas desde dentro.
La atomización del poder político
Bolivia representa quizás el caso más paradigmático de fragmentación partidaria en la historia reciente de América Latina. Un país que durante casi dos décadas estuvo dominado por la hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) presenta hoy un panorama electoral fragmentado donde ningún candidato supera el 20% de intención de voto. Las últimas encuestas sitúan al empresario Samuel Doria Medina y al expresidente Jorge «Tuto» Quiroga liderando con 19,1% y 18,4% respectivamente, seguidos por Andrónico Rodríguez con 14,2%. Esta dispersión del voto refleja el agotamiento del modelo político que caracterizó la era de Evo Morales y Luis Arce, enfrentado ahora a una crisis económica sin precedentes con inflación superior al 15%, déficit fiscal del 11% del PIB y reservas internacionales de apenas 50 millones de dólares. El MAS, otrora fuerza hegemónica, aparece en séptimo lugar con apenas 1,69% de intención de voto, una cifra que podría hacerle perder su personería jurídica. Andrónico Rodríguez emerge como la figura clave de un posible «evismo sin Evo», representando la última oportunidad de la izquierda de mantener relevancia en el nuevo escenario político. Las elecciones están programadas para el 17 de agosto, con una posible segunda vuelta el 20 de octubre si ningún candidato obtiene más del 50% o el primer lugar no supera el 40% con una ventaja mínima de 10 puntos sobre el segundo.
La fragmentación se extiende más allá de las fronteras bolivianas. En Chile, las encuestas más recientes muestran una reconfiguración radical del mapa electoral. José Antonio Kast ha logrado empatar con Evelyn Matthei en el primer lugar con 17% cada uno, mientras Jeannette Jara, triunfadora de las primarias oficialistas con 60,3%, aparece tercera con porcentajes crecientes que en las últimas mediciones la sitúan incluso en primera posición con 29%. Esta dinámica refleja el cansancio de sectores importantes del electorado chileno con la política tradicional y su búsqueda de alternativas más definidas ideológicamente. La derecha chilena presenta tres candidaturas diferenciadas —centro-derecha, ultraconservadora y libertaria— que dividen el voto opositor, mientras el oficialismo busca capitalizar esta fragmentación. La caída de Matthei en las encuestas —de 23% en junio a 14% en julio según Cadem— evidencia las dificultades de los liderazgos tradicionales para conectar con un electorado cada vez más volátil. El fenómeno guarda similitudes con lo que Guillermo O’Donnell describió como «democracia delegativa», donde los ciudadanos depositan su confianza en líderes personalistas antes que en instituciones partidarias consolidadas.
Honduras completa este panorama de atomización política con un proceso electoral marcado por las irregularidades desde las primarias de marzo. Rixi Moncada (Libre), Salvador Nasralla (Liberal) y Nasry Asfura (Nacional) emergen como los protagonistas de una contienda que se vio empañada por problemas en la distribución del material electoral y denuncias de manipulación. Nasralla, con 58,02% en las primarias liberales, representa la quintaesencia del outsider político que combina discurso anticasta con propuestas de mano dura. Su figura polarizante y su retórica confrontativa lo convierten en favorito, pero también en una amenaza potencial para la estabilidad institucional hondureña. Las encuestas lo sitúan con 25% de intención de voto, seguido por Asfura con 21% y Moncada con 16%, configurando un escenario de alta competitividad donde cualquier resultado es posible.
El avance de los populismos autoritarios
La crisis de la representación política tradicional ha abierto espacios para el surgimiento de liderazgos personalistas que capitalizan el descontento social mediante discursos rupturistas. Este fenómeno, que tiene antecedentes en la llegada al poder de figuras como Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina, encuentra ahora nuevos exponentes en los candidatos que compiten en los procesos electorales del segundo semestre. Salvador Nasralla en Honduras emerge como el paradigma de esta tendencia, combinando un pasado mediático con propuestas de transformación radical del sistema político. Su discurso antiélite y su promesa de «limpiar» la política hondureña resuenan entre sectores desencantados con los partidos tradicionales. La experiencia previa de Nasralla como candidato presidencial en 2017, cuando denunció fraude electoral, añade una dimensión adicional a su figura: la del líder perseguido que regresa para «hacer justicia». Esta narrativa, común entre los líderes populistas, le permite presentarse simultáneamente como víctima del sistema y como su único capaz renovador.
José Antonio Kast en Chile representa otra variante de este fenómeno, aprovechando el desgaste del gobierno de Gabriel Boric y la fragmentación de la derecha tradicional para posicionarse como alternativa rupturista. Su ascenso en las encuestas, superando incluso a Evelyn Matthei en algunas mediciones, refleja la capacidad de los discursos de mano dura para capitalizar las preocupaciones ciudadanas sobre seguridad e inmigración. Kast ha sabido adaptar elementos del discurso trumpista a la realidad chilena, presentándose como el candidato del «orden» frente al «caos» que atribuye al progresismo. Su propuesta de políticas migratorias restrictivas y su defensa de posiciones ultraconservadoras en temas sociales lo distancian claramente del consenso centrista que caracterizó la política chilena post-Pinochet. En Bolivia, aunque la fragmentación ha impedido la emergencia de una figura dominante de corte populista, candidatos como Jorge Quiroga incorporan elementos discursivos que apelan a la nostalgia de épocas de mayor estabilidad económica, mientras prometen una ruptura radical con el legado del MAS.
Escenarios de riesgo institucional
Los procesos electorales del segundo semestre de 2025 plantean desafíos significativos para la estabilidad institucional de la región. Bolivia enfrenta la perspectiva de un gobierno fragmentado en un contexto de crisis económica profunda, lo que podría generar problemas de gobernabilidad que trasciendan sus fronteras. La necesidad de implementar ajustes económicos drásticos —devaluación, reducción del déficit fiscal, atracción de inversión extranjera— en un escenario de alta polarización social plantea riesgos evidentes para la estabilidad política. Cualquier gobierno que emerja de las urnas bolivianas deberá enfrentar estos desafíos sin contar con mayorías claras en el parlamento, lo que dificultará la implementación de reformas estructurales necesarias. La experiencia de otros países de la región que han transitado por crisis similares sugiere que estos procesos suelen acompañarse de movilizaciones sociales, inestabilidad política y, en algunos casos, interrupciones del orden democrático. El caso boliviano adquiere relevancia regional adicional por su posición geográfica estratégica y su papel en las redes de narcotráfico que operan en el continente.
Chile, por su parte, enfrenta el riesgo de una polarización creciente que podría erosionar el consenso democrático construido durante la transición. La posible segunda vuelta entre Kast y Jara representaría un enfrentamiento entre polos opuestos del espectro político, con escaso margen para el centro moderado que tradicionalmente ha caracterizado la política chilena. Esta dinámica podría profundizar las divisiones sociales y complicar la gobernabilidad del próximo gobierno, especialmente considerando que el parlamento probablemente estará fragmentado y sin mayorías claras. Honduras enfrenta desafíos particulares relacionados con la herencia del gobierno de Xiomara Castro y las expectativas generadas por el proyecto de refundación del país. La eventual victoria de Nasralla implicaría un giro hacia posiciones más alineadas con Estados Unidos, pero también podría generar tensiones con sectores que apoyaron el proyecto zelayista. Su estilo confrontativo y personalista plantea interrogantes sobre su disposición a respetar los contrapesos institucionales y a mantener el diálogo con la oposición.
Argentina, aunque no elija presidente, vivirá un proceso que podría reconfigurar definitivamente su mapa político. La consolidación de La Libertad Avanza como fuerza hegemónica del espacio no kirchnerista, junto al declive del macrismo y la crisis del peronismo tras la condena a Cristina Kirchner, marca el fin de una era política. Axel Kicillof emerge como el posible articulador de un peronismo post-kirchnerista, mientras Milei busca replicar a nivel nacional el éxito obtenido en la Ciudad de Buenos Aires. Los resultados de octubre serán determinantes para las elecciones presidenciales de 2027 y podrían consolidar una nueva polaridad entre mileístas y antimileístas que reemplace la histórica grieta kirchnerista-antikirchnerista. Este proceso de reconfiguración política ocurre en un contexto de transformación económica profunda, donde el éxito o fracaso de las reformas de Milei condicionará las opciones electorales futuras.
El segundo semestre de 2025 será recordado como un momento de inflexión para América Latina. Los resultados electorales no solo definirán gobiernos, sino que establecerán las coordenadas del debate político regional para los próximos años. La capacidad de estas democracias para canalizar el descontento social a través de instituciones representativas, en lugar de sucumbir a liderazgos personalistas y propuestas rupturistas, constituirá el verdadero test de su fortaleza institucional. En este contexto, los comicios del segundo semestre no son solo elecciones nacionales, sino un examen colectivo sobre el futuro de la democracia latinoamericana.
*David Alvarado: politólogo y periodista español
