El presidente colombiano anunció el quiebre de los diálogos de paz con el ELN, culpando directamente a la guerrilla. Aunque la ruptura oficial es reciente, el proceso venía languideciendo desde hace meses, entre ataques armados, tensiones regionales y escepticismo ciudadano.
Gustavo Petro lo dijo sin rodeos: el ELN rompió los diálogos de paz. La afirmación, difundida desde su cuenta oficial en X, señala como causa directa los ataques sistemáticos contra civiles en la región del Catatumbo. “Al atacar a sangre y fuego, ustedes rompieron las conversaciones”, escribió el presidente, marcando así un punto de quiebre que muchos veían venir desde hace tiempo. La mesa instalada en Caracas en 2022, uno de los pilares del proyecto de “Paz Total”, llevaba meses en estado vegetativo. Ahora, el Ejecutivo admite públicamente lo que ya estaba en evidencia: el proceso con el ELN se ha agotado.
La declaración de Petro tiene un fuerte impacto simbólico. Por primera vez desde que llegó al poder, responsabiliza directamente a la guerrilla de frustrar el intento negociador. Petro había apostado su capital político a un enfoque integral de pacificación, buscando el sometimiento legal de bandas criminales y la negociación con grupos armados insurgentes. Sin embargo, los hechos recientes contradicen ese ideal: el ELN ha recrudecido sus acciones armadas, especialmente en el noreste del país, mientras en paralelo mantiene redes activas en la frontera con Venezuela.
La ofensiva en Catatumbo, una de las zonas más castigadas por la violencia y el abandono institucional, dejó un saldo de más de cien muertos y miles de desplazados. El ELN desafía al Estado con las armas y al mismo tiempo parece haber optado por reafirmar su dominio territorial mediante el miedo. En este contexto, la mesa de diálogo pierde legitimidad ante la opinión pública y se convierte en una pieza decorativa de un conflicto que persiste. Petro, que hasta ahora insistía en mantener todas las puertas abiertas, ha cambiado el tono. Y con ello, modifica también las reglas del juego.
El comisionado de paz, Otty Patiño, ha sugerido que la puerta aún podría abrirse si el ELN muestra voluntad genuina. Pero esa condición implica mucho más que declaraciones: exige hechos verificables, ceses de hostilidades, entregas de mando y garantías concretas. En una coyuntura política polarizada, donde el proyecto de “Paz Total” enfrenta críticas tanto de sectores conservadores como de antiguos negociadores del proceso con las FARC, la ruptura con el ELN puede convertirse en un costo alto o en una oportunidad para replantear el enfoque.
El problema de fondo es más complejo: ¿cómo negociar con un actor armado que parece moverse entre la lógica de la insurgencia tradicional y las dinámicas del crimen organizado? ¿Cómo sostener un proceso cuando los territorios están capturados por economías ilegales, y cuando la ciudadanía asocia la paz no con justicia, sino con impunidad? La ruptura anunciada por Petro es, en el fondo, el reconocimiento de un límite. No basta la voluntad política para construir la paz; hace falta una arquitectura institucional sólida y un adversario dispuesto a abandonar las armas. Colombia carga esa lección desde hace décadas.
