La operación policial que llevó a la captura de 65 presuntos miembros de Los Lobos y la incautación de millonarios bienes en Ecuador ha sido presentada como un triunfo rotundo del Estado. Pero cuando el crimen es estructural, los golpes quirúrgicos no bastan. Y menos si el cuerpo institucional sigue enfermo.
Quito anunció con tono triunfalista lo que define como “un duro golpe” contra Los Lobos, la banda criminal más poderosa del país. En la operación, ejecutada en siete provincias, fueron detenidas 65 personas, cuatro de ellas señaladas como figuras intermedias de la organización. Se confiscaron además 27 inmuebles valorados en 10 millones de dólares, todos ellos ubicados en la costa, particularmente en Manabí y Santa Elena, zonas que permanecen bajo estado de excepción desde que el presidente Daniel Noboa declaró en enero un “conflicto armado interno” contra el crimen organizado. También fueron identificadas empresas fachada vinculadas a operaciones de lavado de dinero por al menos 13 millones de dólares. La cifra estrella: 18 toneladas de droga decomisadas en días previos, valoradas en 715 millones.
¿Es este el comienzo del desmantelamiento real de Los Lobos, o solo una escenificación de control ante un país fatigado por la violencia? El arresto de cuadros intermedios es relevante, pero no toca la médula de una estructura que combina crimen, empresa, política y terror. Su cúpula, fragmentada tras el asesinato reciente de Leonardo Briones y su pareja, sigue activa y reorganizándose. Los vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación y disidencias de las FARC apuntan a una red transnacional con capacidad de mutación. La minería ilegal —sumada al tráfico de drogas y a la extorsión— ha ampliado el horizonte financiero de estos grupos, mientras el Estado avanza a tientas entre retóricas de guerra y vacíos institucionales.
La operación anunciada se inscribe en una secuencia marcada por el derramamiento de sangre. Una semana antes, el asesinato de Leonardo Briones en Manta —junto a su pareja y dos escoltas militares en retiro— desató una cadena de quince homicidios en apenas doce horas. La vendetta entre Los Lobos y Los Choneros cubrió de violencia una ciudad estratégica del Pacífico ecuatoriano y expuso, una vez más, la fragilidad del control estatal sobre los territorios en disputa. Las mafias avanzan con rapidez allí donde la represión selectiva deja vacíos; por eso, el momento exige algo más que espectacularidad policial: hacen falta inteligencia financiera, presencia territorial sostenida y capacidad institucional real.
La cifra que retrata con más nitidez el drama ecuatoriano no figura en los partes oficiales, sino en el pulso diario de la calle: un asesinato por hora. Así transcurre el 2025. Así se manifiesta la magnitud de la crisis. Mientras el gobierno exhibe fuerza, la ciudadanía navega entre el miedo persistente y la intuición de que el crimen ha infiltrado las propias estructuras del Estado. Las empresas fachada no surgen por generación espontánea: detrás de cada una operan redes de complicidad, silencios convenidos y pactos de impunidad.
El combate contra el crimen organizado demanda más que redadas o declaraciones de guerra. Requiere un proyecto integral, capaz de reconstruir instituciones, articular justicia efectiva y restituir la legitimidad pública. En un país donde la violencia ya configura el paisaje, y donde las estructuras estatales muestran signos de desgaste, los golpes tácticos deben integrarse en una estrategia duradera. Ecuador necesita más que victorias momentáneas: necesita una arquitectura de Estado que no se arrodille ante el poder de las mafias.
