El caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García expone la fragilidad del Estado de derecho cuando la urgencia política distorsiona los márgenes del sistema judicial. Más allá de un error administrativo, lo ocurrido revela las grietas de una doctrina de seguridad que privilegia la fuerza sobre las garantías.
En algún punto entre los formularios sellados, los pasillos de tribunales y las bases de datos federales, alguien apretó el botón equivocado. O peor: lo hizo a sabiendas. Kilmar Ábrego García, ciudadano salvadoreño residente en Maryland, fue deportado por error a su país natal en marzo pasado. Lo enviaron junto a 200 personas más a una prisión de máxima seguridad para pandilleros, en medio de una ofensiva migratoria que la administración Trump defiende con tono heroico. El problema es que sobre Ábrego pesaba una orden judicial que prohibía su expulsión. El error, reconocido incluso por el Departamento de Justicia, no fue un mero trámite fallido: fue una violación al debido proceso con consecuencias humanas y políticas de fondo.
Tras su repatriación forzosa, Ábrego fue devuelto a Estados Unidos y encarcelado en Tennessee, acusado de tráfico de migrantes. Se declaró no culpable. Esta semana, dos jueces federales decidieron que debía ser liberado bajo fianza y que no podía ser arrestado nuevamente por el Servicio de Inmigración sin previo aviso. La administración reaccionó con furia: una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional tildó de “locura” la decisión judicial y denunció que la jueza actuó fuera del marco legal. La tensión institucional se hizo visible en tiempo real. El pulso entre tribunales y gobierno dejó de ser una cuestión de interpretación jurídica para transformarse en una batalla simbólica sobre el papel de la ley en tiempos de miedo.
Lo que este caso revela, en última instancia, es el deterioro progresivo de la legitimidad democrática cuando el sistema migratorio se utiliza como teatro de demostración política. En nombre de la seguridad nacional, se flexibilizan normas, se distorsionan procedimientos, se invisibilizan derechos. La figura del “enemigo interno” —sea migrante, pandillero, extranjero sin papeles— permite justificar detenciones preventivas, repatriaciones exprés y filtraciones de datos sin control judicial. Las garantías constitucionales, tan laboriosamente conquistadas, son reducidas a trámites opcionales.
En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado la deportación de ciudadanos latinoamericanos bajo criterios difusos, muchas veces sustentados en sospechas sin condena. La criminalización preventiva, alimentada por narrativas de “invasión” o “penetración de bandas extranjeras”, apunta a endurecer una política migratoria que, en los hechos, muchas veces se resuelve con arbitrariedad burocrática. Se expulsa primero, se pregunta después. Y cuando los jueces preguntan, se les acusa de “desquiciados”.
No es menor que la administración actual busque revivir el tono doctrinario de la vieja Doctrina Monroe, adaptada al siglo XXI con enemigos nuevos: China, Venezuela, las migraciones masivas. En este marco, la frontera es tanto una línea geográfica, como un espacio político cargado de simbolismo: el lugar donde se definen lealtades, se ordena el caos y se promete firmeza ante el “otro”. Pero esa promesa tiene un precio. Cuando el Estado empieza a vulnerar derechos en nombre de protegerlos, ha cruzado un umbral peligroso.
A esta hora, Ábrego sigue detenido. El sistema que lo deportó por error ahora duda en soltarlo. Sus abogados temen que, si lo liberan, ICE vuelva a llevárselo sin respetar el fallo judicial. El país que lo expulsó ilegalmente se debate entre respetar sus propias reglas o insistir en que todo fue una excepción. No es una historia sobre migrantes solamente. Es una historia sobre cómo un Estado trata a los que no tienen poder. Y eso, al final, nos involucra a todos.
