El gobierno de Nicolás Maduro acusa al presidente salvadoreño de permitir torturas, violaciones y tratos inhumanos contra migrantes venezolanos detenidos tras un acuerdo con Estados Unidos. La denuncia revela las zonas grises de una diplomacia regional basada en el canje de cuerpos.
El último intercambio de prisioneros entre Venezuela y El Salvador parecía, en principio, un acuerdo pragmático. Un centenar de venezolanos detenidos en la mega cárcel salvadoreña regresaban a Caracas; a cambio, diez ciudadanos y residentes estadounidenses eran liberados por el régimen de Maduro. Sin embargo, lo que empezó como un trueque silencioso ha terminado en una acusación de alto calibre: Caracas responsabiliza ahora a Nayib Bukele y a dos de sus principales funcionarios por crímenes contra migrantes. Golpizas, violaciones, hambre y tratamientos médicos sin anestesia. La palabra “tortura” empieza a aparecer sin disimulo.
Tarek Saab, fiscal general venezolano, presentó esta semana una batería de testimonios y videos donde algunos exdetenidos narran las condiciones infrahumanas del llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo, la cárcel símbolo del modelo Bukele. No se trata de nuevos migrantes ni de pandilleros recién capturados. Son, en su mayoría, venezolanos deportados desde Estados Unidos bajo una ley del siglo XVIII y confinados sin juicio en un país que no es el suyo. Según Saab, apenas siete tenían antecedentes graves. Los demás eran, simplemente, desechables.
La acusación tiene su dosis de ironía: un régimen como el de Maduro, denunciado por violaciones sistemáticas de derechos humanos, se presenta ahora como garante de la dignidad migrante. Pero que el denunciante sea problemático no significa que la denuncia sea falsa. Las condiciones de encierro en El Salvador han sido documentadas por múltiples organismos internacionales. Las imágenes de cuerpos marcados, de celdas masivas sin luz ni higiene, no las ha inventado Caracas. Lo que resulta inquietante es el súbito giro del régimen bolivariano: hace apenas días aceptaban el canje con entusiasmo, y hoy levantan la voz como si acabaran de descubrir la brutalidad del socio con quien negociaron.
¿Qué hay detrás de esta denuncia? Algunos dirán que es una reacción al vacío: sin rehenes estadounidenses, Maduro pierde capacidad de presión. Otros verán una señal interna: exhibir a Bukele como verdugo sirve para cohesionar simpatías domésticas. Pero también puede leerse como el reflejo incómodo de una política regional que ha extraviado toda brújula ética. Si Venezuela entrega opositores a cambio de migrantes golpeados, y El Salvador actúa como tercer país para castigos extrajudiciales, ¿dónde queda el Estado de derecho en América Latina?
El escándalo es apenas la superficie: debajo se agita un mapa de alianzas regionales cada vez más opacas. Una diplomacia de cárceles convertidas en moneda de cambio, de acuerdos que se negocian en silencio y se rompen ante las cámaras. En este tablero, los migrantes son peones. Nadie los consulta, nadie los representa. Se los captura, se los canjea, se los exhibe.
Bukele se ha limitado a ironizar en redes sociales. Dijo que Maduro está molesto porque ya no tiene rehenes. No desmintió, no explicó. Y es ese silencio lo que convierte esta acusación en algo más que un ruido diplomático. ¿Hubo o no hubo tortura? ¿Quién responde por esos cuerpos marcados que ya nadie quiere ver?
La geopolítica latinoamericana se está escribiendo desde las prisiones. Y lo más alarmante es que pareciera haber consenso en que eso es aceptable.
