La Justicia investiga a sacerdotes y directivos por someter a más de 40 mujeres a tareas domésticas no remuneradas durante décadas. El caso amenaza con escalar a nivel internacional.
El poder judicial argentino ha abierto formalmente una causa penal contra cinco jerarcas del Opus Dei por presunta trata de personas y reducción a la servidumbre. Entre los imputados figura Mariano Fazio, actual vicario auxiliar de la prelatura y figura clave en la estructura global de la organización católica. La investigación, conducida por el juez federal Daniel Rafecas, responde a una denuncia presentada por 43 exnumerarias auxiliares —la mayoría de ellas mujeres reclutadas siendo adolescentes— que aseguran haber sido sometidas a trabajos domésticos no remunerados bajo un régimen de obediencia religiosa coercitiva.
Según el expediente, las víctimas fueron incorporadas entre 1991 y 2022 en residencias vinculadas al Opus Dei, donde realizaban tareas de limpieza, cocina y atención a miembros varones de la prelatura. Todo ello, sin contrato, sin salario, sin acceso al mundo exterior y bajo una disciplina severa que prohibía relaciones afectivas y limitaba la comunicación con sus familias. La fiscalía considera que estos elementos configuran un “sistema cerrado de explotación”, amparado en la estructura vertical y hermética de la organización.
El caso ha escalado con rapidez. El juez Rafecas ha solicitado la comparecencia de los imputados y anticipó que pedirá documentación interna al Vaticano si la prelatura no coopera. El Opus Dei, por su parte, emitió un comunicado en el que niega las acusaciones y califica las denuncias como “reclamos laborales mal interpretados”. Sin embargo, las declaraciones de las mujeres apuntan a una lógica sistemática, no a episodios aislados.
“No limpiábamos por fe. Limpiábamos porque no teníamos opción. Nos decían que era nuestra forma de servir a Dios”, relató una de las denunciantes, que pasó más de diez años en una residencia en Buenos Aires.
La imputación de Fazio representa un golpe inédito para el Opus Dei, justo cuando el Papa Francisco impulsa una reforma que busca limitar su autonomía dentro del Vaticano. La causa argentina podría sentar un precedente judicial en América Latina, una región donde la influencia de instituciones eclesiásticas ha sido históricamente escasamente fiscalizada.
Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas el CELS y Amnistía Internacional, han respaldado públicamente a las denunciantes y exigen al Estado garantizar protección, verdad y reparación. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina ha manifestado su disposición a brindar acompañamiento legal y psicológico a las víctimas.
Si bien el proceso judicial apenas comienza, el caso ya sacude a la opinión pública. Por primera vez, una parte del relato institucional del Opus Dei —centrado en la santificación del trabajo y la vida comunitaria— es sometida a examen penal en un tribunal federal. No se trata de una disputa teológica, sino de una acusación concreta: haber sometido a menores y jóvenes adultas a una forma de servidumbre espiritualizada.
En un país que juzgó a represores, la pregunta hoy es si podrá también juzgar a quienes operaron la obediencia como forma de control y el trabajo doméstico como penitencia.
