La decisión del gobierno de Donald Trump de prohibir el ingreso a Estados Unidos de ocho ministros del Supremo Tribunal Federal de Brasil, incluido Alexandre de Moraes, ha sido calificada por el presidente Lula como “una medida arbitraria y sin fundamento”.
Desde la noche del viernes, ocho jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, entre ellos el influyente Alexandre de Moraes, tienen vetado el ingreso a Estados Unidos. El anuncio, hecho por el secretario de Estado Marco Rubio en redes sociales, representa mucho más que un gesto diplomático: es una advertencia directa del trumpismo internacional contra el núcleo de la institucionalidad judicial brasileña.
“Mi solidaridad y apoyo a los ministros del STF alcanzados por una medida arbitraria y completamente sin fundamento del gobierno de los Estados Unidos”, escribió Lula en su cuenta de X, en una de sus declaraciones más firmes en defensa del poder judicial brasileño. El mandatario añadió que ninguna amenaza debe entorpecer la defensa del Estado democrático de derecho.
La sanción estadounidense llegó pocas horas después de que la Policía Federal brasileña, por orden del STF, ejecutara una operación contra el expresidente Jair Bolsonaro. El exmandatario fue objeto de registro, le fue colocada una tobillera electrónica y quedó sujeto a restricciones de movilidad. A su lado, su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, intensificó ataques contra Moraes, a quien llamó “dictador” y “gángster de toga” desde su exilio oficioso en suelo estadounidense.
Lula considera que este tipo de represalias vulneran la soberanía institucional de Brasil. Lo cierto es que el mensaje de Trump, a través de Rubio, apunta a algo más profundo: deslegitimar el sistema judicial brasileño y consolidar a Bolsonaro como figura mártir de un supuesto lawfare global.
Las reacciones no tardaron en extenderse. La Asociación Nacional de los Procuradores de la República (ANPR) denunció una “inaceptable tentativa de intimidación”. También trascendió que el procurador general Paulo Gonet y otros altos funcionarios perdieron sus visados. Solo tres magistrados del STF —Nunes Marques, Mendonça y Fux— habrían sido excluidos de la sanción, todos ellos más cercanos al ala conservadora.
El episodio pone en primer plano una diplomacia de nueva era, donde los tribunales y los exmandatarios actúan como protagonistas del juego geopolítico. La frontera entre justicia interna e injerencia externa se diluye peligrosamente cuando Washington adopta sanciones basadas en la narrativa del agravio político y no en normas internacionales.
Para América Latina, donde la división de poderes sigue siendo una conquista frágil, este pulso marca un precedente. ¿Puede un juez ser declarado persona non grata por actuar contra un expresidente? ¿Se normalizarán las retaliaciones diplomáticas según el signo ideológico de las cortes nacionales?
Más allá de las simpatías o rechazos que provoquen Lula, Bolsonaro o el STF, lo cierto es que la judicialización del conflicto internacional abre un nuevo terreno de inestabilidad. Uno en que jueces, fiscales y ministros se convierten en actores del enfrentamiento entre populismos en ascenso y democracias bajo presión.
