Nicaragüenses en el exilio denuncian el doble discurso de Estados Unidos sobre Nicaragua: mientras advierte del peligro en el país, cancela el TPS y promueve deportaciones.
Nicaragüenses en el exilio sostienen que el gobierno de Estados Unidos exhibe el que sería un “doble discurso” en relación con la situación de Nicaragua. Por un lado, señala Damaris Rostran, activista nicaragüense exiliada en EE. UU. desde 2003, el gobierno norteamericano recomienda no viajar a Nicaragua porque es peligroso. Por otro, ha cancelado el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a varias nacionalidades, entre ellas la nicaragüense, argumentando que el país centroamericano “es líder en turismo”.
Así las cosas, los ciudadanos nicaragüenses y otros centroamericanos pueden ser retornados a sus países de origen. El Departamento de Seguridad Nacional ha sostenido que “las condiciones actuales permiten el retorno adecuado” de los nicaragüenses. La cancelación del TPS, tanto para nicaragüenses como para hondureños, vino acompañada del consejo informal de optar por ‘autodeportarse’.
La Casa Blanca ha asumido una postura contradictoria también sobre Nicaragua, un país que vive bajo un régimen autoritario encabezado por la dinastía Ortega-Murillo, acusado de suprimir las libertades fundamentales y desmantelar el Estado de derecho. Rostran, entrevistada por medios independientes, fue tajante: “El gobierno norteamericano está ignorando deliberadamente la represión y el estado policial que padecemos”. Esta omisión, advierte, convierte a Donald Trump en un “aliado del régimen”. Y añade: “Hay una clara relación entre la Casa Blanca y los Ortega-Murillo”.
Las declaraciones de activistas centroamericanos y el malestar de la diáspora se producen en medio de una avalancha de deportaciones de nicaragüenses en situación migratoria irregular. No hay que perder de vista que 2.900 nicaragüenses fueron beneficiados por el TPS, un mecanismo que garantizaba su permanencia legal y les brindaba alivio ante la constante amenaza de ser expulsados.
Aunque el TPS implica un estatus temporal, representa una oportunidad de vida con mayor estabilidad, especialmente para quienes huyen de una dictadura. En otro contexto político —no necesariamente con un gobierno de signo distinto, pero sí con mayor sensibilidad humanitaria— este estatus podría haberse prorrogado, dado que las condiciones en Nicaragua no han cambiado.
El país no ofrece hoy garantías mínimas para un retorno seguro en términos de integridad física, libertad de expresión ni ejercicio de derechos ciudadanos. Expulsar a los exiliados es exponerlos a un riesgo extremo.
Activistas, líderes religiosos, periodistas y opositores han sido víctimas de hostigamiento, detenciones arbitrarias y represión sistemática. Muchos de ellos huyeron buscando protección en el exterior. Hoy son sus familias en Nicaragua las que enfrentan intimidación por parte del régimen Ortega-Murillo.
