La audiencia preliminar del nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona quedó suspendida en San Isidro, a raíz de la nulidad dictada el 29 de mayo —cuando se descartó todo lo actuado tras el escándalo del documental “Justicia Divina” protagonizado por la jueza Julieta Makintach—. Ahora, el caso deberá reordenarse bajo un tribunal renombrado y con nuevas condiciones de procedimiento.
La causa por la muerte de Diego Maradona enfrenta un nuevo atasco legal. La audiencia preliminar del juicio con jurado contra la enfermera Gisela Dahiana Madrid fue suspendida tras la declaración de nulidad del primer proceso, que dio pie a una cascada de efectos colaterales.
El fallo del 29 de mayo anuló lo actuado desde que comenzó el juicio oral, después de que se descubriera que la jueza Julieta Makintach —quien también participó en un documental no autorizado que se filmó durante las audiencias— había contaminado el proceso judicial. Aquella decisión, impulsada por jueces y parte del litigio, obligó a reiniciar el enjuiciamiento con un tribunal completamente nuevo.
Ahora, se espera que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº7 de San Isidro —compuesto por Roberto Gaig, Alberto Ortolani y el juez sorteado Pablo Rolón— decida si la nulidad abarca también la audiencia preliminar que preparaba el juicio por jurados. Una decisión que, de extenderse, obligaría a repetir trámites esenciales como la selección de pruebas, citaciones y oferta de testimonios.
El proceso atraviesa una doble paradoja: por un lado, la democracia formal exige garantías de imparcialidad —lo que motiva la corrección técnica—; por otro, cada demora erosiona la posibilidad de un cierre efectivo de una causa que tiene demandantes con urgencia de justicia, como la familia Maradona, con Gianinna y Dalma al frente, y numerosos testigos ya citados.
El actual ritmo procesal —sumado al sorteo de nuevos jueces, recusaciones por motivos personales o de salud, y recursos técnicos como «ne bis in idem» invocados por defensas— ilustran una Justicia atrapada entre su pauta normativa y las exigencias prácticas de un caso altamente mediático.
Este enredo también es un espejo del sistema: los procesos penales orales no siempre están diseñados para situaciones excepcionales que trascienden su estructura legal, como documentales clandestinos, presión mediática, y renuncias judiciales. Y la causa Maradona, por su alcance simbólico y emocional, acelera las tensiones.
El futuro inmediato está en manos de los nuevos magistrados. Si confirman la nulidad, el juicio volverá a esfumar los avances alcanzados. Solo si limitan el alcance al momento en que se filmó el documental podrán conservar las presentaciones y testimonios anteriores, agilizando el trámite.
En cualquier caso, más que un juicio penal, lo que está en discusión es la capacidad del sistema judicial argentino para administrar causas de alto impacto sin quedar atrapado en los tecnicismos formales. Porque más allá de la muerte de Maradona, se juega la confianza en la institución que debe impartir justicia por igual, sin dilaciones excesivas ni impunidad procedural.
