Gustavo Petro celebra esta semana un triunfo legislativo: su reforma laboral ya es ley. Pero lo que encendió el debate político fue otro anuncio. El presidente propuso entregar en las elecciones de marzo de 2026 una «octava papeleta» para decidir si se convoca una Asamblea Nacional Constituyente.
La idea evoca la histórica “séptima papeleta” de 1990, que impulsó la Constitución actual. Pero aquí hay diferencias claras. Esta no es una iniciativa oficial; más bien simbólica. Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, la piensan como una manera de registrar el malestar ciudadano y orientar al próximo gobierno hacia una nueva Constitución .
¿Puede funcionar? Juristas dicen que no. Con la Carta de 1991, cualquier asamblea debe pasar por el Congreso, seguido por tutela de la Corte Constitucional. Nada parecido a una “papeleta extra”. Alfonso Gómez Méndez, exministro de Justicia, lo explicó claro: la figura ya no existe en el marco legal actual .
La oposición reaccionó rápido. Desde el Senado, Efraín Cepeda lo tildó de “atajo a la democracia”. La senadora Paloma Valencia lo vio como un plan para “torpedear el orden constitucional” . Varios analistas describen la propuesta como una “cortina de humo”, diseñada para ganar simpatías antes de las elecciones .
En el fondo, la propuesta plantea una pregunta legítima: ¿la Constitución de 1991 sigue siendo útil para cambiar el país? Petro afirma que no, que se requiere un nuevo pacto social con justicia y democracia profunda . Pero también hay quienes creen que esta papeleta no es más que una jugada política.
Decir que la idea está fuera del sistema jurídico actual no implica que no genere ruido político. En este punto, la propuesta funciona: activa a las bases, enciende los medios y coloca en primer plano el tema de la reforma constitucional.
Entonces, ¿es esto un verdadero proyecto democrático o una maniobra electoral? Podría ser ambas cosas. A menos de diez meses de las elecciones, la “octava papeleta” aparece como una jugada arriesgada en busca de legitimidad política y social.
El siguiente paso será judicial: la Corte Constitucional y el Congreso tendrán la palabra. Y mientras tanto, Colombia se prepara para otro pulso político.
