La reciente revelación de una reunión reservada entre altos directivos de la multinacional tecnológica Indra y funcionarios del Gobierno colombiano ha encendido un nuevo foco de inquietud en el ya complejo panorama preelectoral del país. Aunque los voceros empresariales han negado una audiencia directa con el presidente Gustavo Petro, el hecho de que la visita haya ocurrido en la Casa de Nariño —y que coincida con cuestionamientos sobre la transparencia del software electoral— alimenta lecturas encontradas.
La empresa española Indra no es un actor nuevo en Colombia. Durante casi tres décadas ha estado involucrada en la tecnología de divulgación de resultados de elecciones nacionales, locales y consultas ciudadanas. Su nombre aparece en cada gran cita democrática desde los años 90. Pero hoy, su prestigio está atrapado entre la técnica y la sospecha.
Según documentos de ingreso oficial conocidos por El Espectador, el 26 de noviembre de 2024 tres ejecutivos de Indra —incluido su CEO global, José Vicente de los Mozos— accedieron al palacio presidencial. Las minutas indican que también estaba presente el director regional y un alto cargo de Minsait, la filial tecnológica más cercana al negocio electoral. La empresa sostiene que se trató de una reunión exclusivamente empresarial, enfocada en alianzas con Cotecmar y proyectos de defensa tecnológica, como sistemas antidrón y guerra electrónica.
Pero las dudas persisten.
El Gobierno colombiano se encuentra en medio de una crisis de confianza institucional, agudizada por la retórica del propio presidente Petro, quien ha manifestado públicamente su desconfianza hacia el sistema de conteo de votos heredado. Ha acusado falta de transparencia, señalando que los algoritmos del software electoral no son auditables. En este contexto, una reunión —aun si fuera técnica o industrial— con ejecutivos de la misma firma que ha estado detrás del sistema electoral en varias elecciones, sugiere por lo menos una grave falta de cálculo comunicacional.
No es la primera vez que el vínculo entre Petro e Indra despierta ruido. En 2022, durante la campaña presidencial, se afirmó que el entonces candidato había sostenido reuniones en España con directivos de la compañía. Aquella versión fue desmentida y reencuadrada como un coloquio empresarial abierto, organizado por la Fundación Euroamérica. Pero el episodio sembró un precedente que hoy se reactiva con nuevos ingredientes: poder, licitaciones y un contrato por venir que ronda los 100.000 millones de pesos colombianos.
¿Puede una reunión de este tipo ser “solo empresarial” cuando uno de los temas centrales de debate público es justamente la credibilidad del software electoral? ¿Basta con la palabra de los voceros si hay versiones encontradas dentro de las propias minutas de ingreso?
La visita de los ejecutivos de Indra coincide con el inicio del proceso de contratación de los sistemas de divulgación para las elecciones generales de 2026. Aunque la firma insiste en que su prioridad actual es posicionar a Colombia como hub tecnológico para la región, no descarta participar en la licitación. Pero fuentes internas, citadas por el mismo medio, reconocen que el clima de hostilidad política y las campañas de desinformación podrían llevar a la compañía a retirarse de ese negocio.
Lo cierto es que este episodio confirma una debilidad recurrente en los sistemas democráticos latinoamericanos: la opacidad en la interfaz entre tecnología, gobierno y representación. En un mundo donde el voto ya no es solo una papeleta sino una cadena de datos, algoritmos y servidores, la desconfianza se cuela no solo por los errores, sino también por los silencios.
¿Hay algo ilegal en esta reunión? Aún no. ¿Hay algo políticamente torpe? Sin duda. Porque en democracia, el poder no solo debe ser limpio: también debe parecerlo.
