El expresidente de Bolivia Evo Morales ha acusado al Gobierno de Luis Arce de planear un fraude en las elecciones generales del próximo 17 de agosto. En declaraciones realizadas desde su reducto político en el Trópico de Cochabamba, Morales aseguró que el oficialismo cuenta con “20 expertos internacionales” —entre ellos ecuatorianos, brasileños y venezolanos— para operar una supuesta manipulación del proceso electoral, “a la cabeza del imperio”, en alusión a Estados Unidos. No presentó pruebas ni nombres, pero insistió en que la información proviene de “los mismos extranjeros” que colaborarían con el Gobierno. La denuncia llega en un momento de alta tensión política interna, con el Movimiento al Socialismo (MAS) dividido, una crisis económica en ascenso y un expresidente que ya no puede postularse.
Morales, impedido legalmente de ser candidato por el fallo del Tribunal Constitucional que limitó la reelección a un solo período, ha quedado marginado tanto del partido que fundó como del proceso electoral en curso. Asegura que el presidente Arce, distanciado de él desde 2021, pretende liquidar al MAS como instrumento político y que su candidato, Eduardo del Castillo, apenas alcanza un 2 % de intención de voto en las encuestas. El exmandatario sostiene que el oficialismo teme no alcanzar el 3 % necesario para conservar la personería jurídica del partido, y que por eso estaría preparando un fraude. En paralelo, acusa al bloque de Andrónico Rodríguez —su exaliado y hoy presidente del Senado— de haberse entregado al gobierno y al “neoliberalismo”.
Sin embargo, la denuncia de Morales se parece demasiado a su libreto de 2019. En aquella ocasión, el cuestionamiento al resultado electoral derivó en una crisis institucional profunda, con intervención de la OEA, denuncias cruzadas de fraude, renuncias forzadas y lecturas estadísticas aún debatidas. Hoy, nuevamente desde una posición marginal, el exgobernante revive el discurso de “imperio contra pueblo”, aunque con menor eco político y con una estructura partidaria fragmentada. Sus palabras, esta vez, suenan más a advertencia que a plan de acción. La autoridad moral que alguna vez tuvo parece erosionada entre causas judiciales, rupturas internas y una narrativa que no logra despegar de la nostalgia.
Los comicios de agosto se presentan como los más abiertos e inciertos desde 2005. El MAS se presenta dividido por primera vez, con tres bloques enfrentados. La oposición, por su parte, llega atomizada pero con candidaturas con mayor proyección electoral, como la de Samuel Doria Medina. En ese contexto, las acusaciones de fraude sin pruebas concretas se convierten en ruido que debilita la confianza ciudadana, alimenta la deslegitimación anticipada del resultado y reproduce el juego cínico de la polarización.
Morales afirma que todos los candidatos son neoliberales, que eliminarán los subsidios sociales, que obedecerán a Estados Unidos y que “es el indio contra el gringo”. Sin embargo, más allá del efectismo de sus frases, los hechos lo colocan hoy fuera de carrera, fuera del MAS y fuera de la escena central. Su acusación es grave, pero su credibilidad está en entredicho. Si posee pruebas, debe mostrarlas. Y si no las tiene, contribuiría más a la democracia boliviana desde el silencio que desde el micrófono.
