Ronen Bar acusa al primer ministro israelí de difundir afirmaciones falsas para eludir su responsabilidad en los fallos de seguridad que precedieron al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. La demanda, que reclama cerca de un millón de dólares, reabre la disputa sobre quién conocía las amenazas y qué decisiones se adoptaron antes de la ofensiva, a menos de dos semanas de las elecciones legislativas.
La controversia sobre las responsabilidades por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha desembocado en un nuevo enfrentamiento judicial entre dos de las figuras que dirigían la seguridad israelí en aquel momento. Ronen Bar, antiguo director del servicio de seguridad interior Shin Bet, presentó este miércoles una demanda por difamación contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, al que acusa de haber difundido deliberadamente informaciones falsas para trasladarle la responsabilidad de los fallos que precedieron a la ofensiva.
En un escrito judicial de 134 páginas, Bar sostiene que Netanyahu formuló contra él acusaciones que sabía falsas con el propósito de desviar la atención de su propia actuación antes de los acontecimientos del 7 de octubre. El antiguo responsable de inteligencia reclama una indemnización de tres millones de séqueles, equivalentes aproximadamente a 972.000 dólares, y cuestiona las imputaciones de negligencia grave que el jefe del Gobierno ha dirigido contra él.
La disputa sobre las alertas previas al ataque
El núcleo del enfrentamiento reside en una pregunta que continúa alimentando el debate político israelí: ¿qué información recibió Netanyahu sobre las amenazas procedentes de Gaza antes del ataque y cuándo tuvo conocimiento de ella?
Ronen Bar afirma haber advertido en distintas ocasiones al primer ministro sobre el riesgo que representaba Hamás. También asegura que, durante las horas anteriores a la ofensiva, intentó transmitir información a través del agregado militar del jefe del Gobierno, aunque reconoce que no llamó directamente a Netanyahu.
El primer ministro rechaza esta explicación. Según la respuesta difundida por su partido, el Likud, Bar disponía de una línea telefónica directa para comunicarse con él y podría haberlo alertado inmediatamente. Netanyahu sostiene que una advertencia a tiempo habría permitido adoptar medidas diferentes y, posiblemente, salvar vidas.
Las versiones enfrentadas sitúan en el centro de la controversia los mecanismos de transmisión de información entre los servicios de inteligencia y la dirección política del país. La demanda judicial, sin embargo, no constituye por sí misma una investigación penal sobre los fallos del 7 de octubre, sino un procedimiento relativo a las declaraciones que Bar considera difamatorias.
Un antiguo responsable que reconoce los fallos de su servicio
Ronen Bar abandonó la dirección del Shin Bet en junio de 2025, después de reconocer públicamente que el organismo no había logrado anticipar ni impedir el ataque de Hamás. El antiguo jefe de inteligencia asumió entonces su responsabilidad institucional por las deficiencias del servicio, sin renunciar a cuestionar las decisiones políticas adoptadas durante los años anteriores.
En su demanda, Bar sostiene que la estrategia seguida por Netanyahu respecto a Gaza contribuyó a reforzar las amenazas que posteriormente se materializaron. Se trata de una acusación política formulada por el exdirector del Shin Bet, que el primer ministro rechaza.
La confrontación refleja una disputa más amplia sobre la cadena de responsabilidades por uno de los mayores fracasos de seguridad de la historia reciente de Israel. Mientras Netanyahu ha señalado reiteradamente a los responsables militares y de inteligencia, sus críticos reclaman que también se examine la actuación del Gobierno y sus decisiones estratégicas.
Un nuevo frente judicial en plena campaña electoral
La demanda llega a menos de dos semanas de las elecciones legislativas israelíes previstas para el 27 de octubre, en un contexto en el que las consecuencias del ataque de 2023 y de la posterior guerra en Gaza siguen ocupando un lugar destacado en el debate público.
El procedimiento judicial añade un nuevo elemento a la controversia sobre las responsabilidades del 7 de octubre, aunque todavía está por determinar qué alcance tendrán los documentos aportados por Bar y cómo responderá formalmente la defensa del primer ministro.
Más allá del enfrentamiento personal, el litigio vuelve a plantear una cuestión de fondo: cómo se distribuyeron las responsabilidades entre el poder político, los mandos militares y los servicios de inteligencia ante las advertencias que precedieron al ataque.
La justicia deberá pronunciarse sobre las acusaciones de difamación. El debate sobre las responsabilidades institucionales, por su parte, continúa abierto.
