El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del Gobierno y mantiene la suspensión cautelar del voto de parte de los españoles nacionalizados por la ley de nietos. La decisión llega un día después de que Pedro Sánchez reclamara desde Ponferrada garantizar ese derecho. Vox e Iustitia Europa recurrieron una interpretación administrativa que, a su juicio, amplió indebidamente el censo exterior.
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Abogacía del Estado y ha ratificado la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la ley de nietos que no acrediten el exilio de sus antepasados, según informa Europa Press. La decisión desoye la petición que Pedro Sánchez había lanzado el domingo en Ponferrada (León), donde pidió al alto tribunal que frenara lo que calificó de «intento de atropello» de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. «En una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza», sostuvo entonces ante unos 2.000 simpatizantes.
El Gobierno cifra en unos 400.000 los españoles afectados, aunque el último escrito de la Abogacía del Estado habla de 168.896 perjudicados. La medida se mantendrá hasta que el Supremo dicte sentencia sobre el recurso. Sánchez defendió en su mitin que se trata de ciudadanos que ya han votado en anteriores convocatorias y llevó la cuestión al terreno de la memoria histórica. «¿Y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar?», preguntó a los asistentes.
Un litigio sobre la prueba del exilio
El conflicto jurídico no afecta a la ley en sí, sino a la forma en que se aplicó. Una instrucción del Ministerio de Justicia que desarrollaba la norma presumía la condición de exiliado de todas las personas que abandonaron España entre 1936 y 1955, sin exigirles ningún documento acreditativo. En sus autos cautelares, el Supremo consideró que el incremento del censo exterior producido sobre la base de esa interpretación administrativa no parece ajustarse al contenido de la ley. La suspensión la solicitaron Vox e Iustitia Europa, el partido que preside Luis María Pardo.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado se opusieron a la medida, por entender que restringe un derecho fundamental de personas que ya habían adquirido la nacionalidad. Tras el adelanto electoral, la Abogacía alegó que resulta materialmente imposible revisar los expedientes y diferenciarlos del resto antes del 29 de noviembre. La Fiscalía pidió que se levantara la suspensión al menos para estas elecciones. La nacionalidad de los afectados no está en cuestión, porque el Supremo no la ha tocado. Lo suspendido son sus efectos electorales.
PP y Vox hablan de alterar el censo
La derecha defiende la posición contraria. Aunque no es parte del recurso, el PP comparte el argumento de Vox. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, acusó al Gobierno de querer «alterar el censo electoral para adaptarlo a sus necesidades políticas». Abascal llegó a afirmar en su mitin de Estepona que Sánchez pretende «robar» las elecciones con la ley de nietos, e Isabel Díaz Ayuso atribuyó al presidente una «prisa inusitada por inflar los censos».
Sánchez respondió en Ponferrada con un argumento sobre la participación. «Cuanto menos voten, mejor», dijo para resumir la estrategia que atribuye a sus adversarios, a quienes acusó de desalentar el voto para facilitar una mayoría de derechas. Vinculó esa crítica con las dudas que PP y Vox han sembrado sobre el voto por correo, pese a que el propio Feijóo fue presidente de Correos. Frente a ello reclamó una movilización masiva de su electorado. «Si votamos, ganamos», proclamó.
La vivienda, causa de una generación
Más allá del derecho al voto, Sánchez volvió a situar la vivienda en el centro de su discurso y a evocar la muerte de Maricarmen Abascal, la vecina madrileña de 87 años cuyo desahucio desencadenó una oleada de movilizaciones. «Cada generación tiene su causa», afirmó, antes de añadir que la de la actual será la vivienda. Rechazó enfrentar a pequeños propietarios e inquilinos y defendió unir a ambos frente a la especulación de los fondos buitre, porque muchos propietarios también tienen hijos que no logran emanciparse.
El presidente acusó al PP de no actuar en materia de vivienda pese a gobernar numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas, y contrapuso su proyecto a lo que describió como «reacción, recortes y mucho rencor». Le acompañaron los ministros Óscar Puente y Ana Redondo y el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Castilla y León, Carlos Martínez. José Luis Rodríguez Zapatero, investigado judicialmente, fue el gran ausente.
La batalla judicial podría no terminar aquí. Según fuentes citadas por Artículo 14, si el Supremo ratificaba la suspensión, la Abogacía del Estado acudiría al Tribunal Constitucional, una vía de amparo electoral que también podrían emprender los afectados. Para el Gobierno, el voto es un derecho inherente a la nacionalidad. Para PP y Vox, se trata de corregir una aplicación administrativa que consideran contraria a la ley. Con el calendario electoral en marcha, la incógnita es si alguna instancia resolverá antes del 29 de noviembre.
