Agentes federales registraron la vivienda en Washington de la congresista demócrata, una de las voces más críticas del presidente estadounidense. La operación, vinculada según medios norteamericanos a una investigación sobre documentación migratoria, ha provocado acusaciones de persecución política a tres semanas de las elecciones legislativas.
La tensión política en Estados Unidos ha sumado un nuevo episodio tras el registro, este lunes 12 de octubre, de la vivienda en Washington de Ilhan Omar, congresista demócrata por Minnesota y una de las críticas más visibles del presidente Donald Trump. La operación fue ejecutada por agentes de Homeland Security Investigations (HSI), la división de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, en el marco de una investigación penal federal.
El Departamento de Justicia confirmó que los agentes actuaron en cumplimiento de una orden judicial, aunque no identificó públicamente a Omar en su comunicado ni precisó los hechos investigados. Según informaciones difundidas por Fox News y otros medios estadounidenses, las pesquisas estarían relacionadas con documentos de inmigración presentados por el padre de la congresista cuando ella era menor de edad. Hasta el momento no se han anunciado cargos contra la legisladora.
Omar denuncia una campaña de intimidación
La reacción de la congresista no se hizo esperar. En un mensaje publicado en X, aseguró encontrarse bien y acusó a la Administración Trump de utilizar los organismos federales de seguridad para perseguir a sus adversarios políticos. Omar sostuvo que el registro constituye una nueva escalada en una campaña de intimidación que, según ella, el presidente mantiene desde hace años.
Su oficina rechazó igualmente cualquier conducta irregular y calificó la intervención policial de abuso de poder. Las acusaciones de motivación política formuladas por la congresista no han sido establecidas judicialmente, mientras las autoridades federales mantienen abierta la investigación.
Trump, por su parte, afirmó ante los periodistas que Omar estaba siendo investigada minuciosamente y volvió a cuestionar públicamente su integridad. El presidente negó que sus opiniones personales tuvieran relación con la actuación de los investigadores, aunque reiteró sus críticas contra la representante demócrata.
Una operación a las puertas de las elecciones
El registro ha provocado una fuerte reacción entre los dirigentes del Partido Demócrata. Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, y otros responsables parlamentarios denunciaron lo que consideran una utilización indebida de las instituciones federales contra los adversarios del presidente.
La proximidad de las elecciones legislativas del 3 de noviembre añade sensibilidad al caso. Tradicionalmente, el Departamento de Justicia estadounidense procura evitar actuaciones públicas que puedan interpretarse como una interferencia en procesos electorales durante las semanas anteriores a una votación. Se trata, sin embargo, de una práctica institucional y no de una prohibición legal absoluta.
Desde las filas republicanas, algunas voces defendieron la investigación. La congresista Nancy Mace sostuvo que, si llegara a demostrarse un fraude migratorio, deberían examinarse las consecuencias legales correspondientes, incluida la situación de ciudadanía de Omar. Por ahora, esas afirmaciones son posiciones políticas y no decisiones judiciales.
Una figura emblemática del ala progresista
Nacida en Somalia, Ilhan Omar llegó a Estados Unidos siendo niña y obtuvo posteriormente la ciudadanía estadounidense. Elegida por primera vez al Congreso en 2018, representa un distrito de Minnesota que incluye parte de Minneapolis, ciudad donde reside una importante comunidad de origen somalí.
Integrante del sector progresista demócrata, Omar ha mantenido frecuentes enfrentamientos con Trump, especialmente por las políticas migratorias, el trato a los refugiados y la actuación de los organismos federales encargados del control de la inmigración.
El registro de su vivienda coloca ahora ese enfrentamiento en un terreno judicial especialmente delicado. Por un lado, las autoridades defienden la existencia de una investigación penal respaldada por una orden judicial; por otro, la congresista y sus aliados cuestionan la motivación y el momento de la intervención.
A tres semanas de unas elecciones decisivas para el equilibrio de fuerzas en el Congreso, el caso Ilhan Omar vuelve a situar en el centro del debate estadounidense la independencia de la justicia, los límites del poder presidencial y la protección de los derechos de los representantes electos.
