La vicepresidenta segunda da a la comisión de expertos unas tres semanas para proponer la revalorización del salario mínimo de 2027, que Trabajo aspira a aprobar antes de las elecciones del 29 de noviembre. Díaz exige que los 1.221 euros actuales no pierdan poder adquisitivo y apela a unos márgenes empresariales sin precedentes, mientras la CEOE denuncia un «tinte electoral» en el proceso.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha puesto fecha a la próxima subida del salario mínimo interprofesional (SMI). La Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional celebró este jueves su primera reunión y salió de ella con un encargo y un plazo. Tiene hasta el 31 de octubre o los primeros días de noviembre para presentar una propuesta que servirá de base para negociar con patronal y sindicatos. El objetivo es que el suelo salarial, hoy de 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, no pierda poder adquisitivo en 2027.
Díaz eligió para defenderlo un argumento que apunta directamente a las cuentas empresariales. «Nunca en la historia de la democracia de nuestro país se han alcanzado estos márgenes empresariales», afirmó tras la reunión. Y añadió una imagen gráfica: «Toca ajustarse el cinturón un poquito por arriba, no por abajo». Según la ministra, el margen de las empresas españolas duplica el de las europeas. Frente a esa bonanza, la inflación escaló en septiembre hasta el 4,9%. Díaz vinculó ese repunte a la «guerra ilegal criminal en Irán» y a su impacto en la economía mundial.
El calendario es la gran novedad. El informe de los expertos se presentó el 9 de enero de 2025 para la subida de ese año y el 12 de diciembre de 2025 para la de 2026. En los últimos ejercicios, el aumento solía aprobarse en febrero con efecto retroactivo. Esta vez, fuentes del ministerio admiten que la intención es aprobar el nuevo SMI antes de los comicios del 29 de noviembre. Díaz, en cambio, desligó el plazo de la cita electoral. «La vida no se detiene porque haya un proceso electoral», argumentó.
El dilema del IPC
La cifra final dependerá en buena medida de una decisión técnica. Los expertos deben elegir entre el último dato interanual del índice de precios de consumo (IPC), el 4,9% de septiembre, y la media de los últimos meses, en torno al 3,3%. Con el primer criterio, el salario mínimo subiría hasta 1.281 euros mensuales. Con el segundo, se quedaría alrededor de los 1.260. El año pasado la comisión optó por el último dato, entonces del 3,1%, en lugar de la media, que habría supuesto un 2,7%. Las pensiones, en cambio, se actualizan por ley conforme al promedio.
El mandato mantiene los criterios habituales. El SMI debe representar al menos el 60% del salario medio y preservar el poder adquisitivo. Este año se añade un encargo nuevo: medir el impacto de la subida en los hogares con menos renta, que son quienes más perciben este salario y quienes más sufren la escalada de precios. «La inflación está impactando de manera específica en esos hogares», explicó Díaz, en referencia a la alimentación, el transporte, la vivienda y la energía. Los expertos suelen plantear dos cifras, y la que acaba pactándose con los sindicatos es la más alta.
La ministra reivindicó además el recorrido de esta política. Desde 2018, el SMI ha crecido un 66%, de 736 a 1.221 euros, mientras los precios aumentaron un 23% hasta 2025. El resultado es una ganancia de poder adquisitivo de unos 40 puntos. «La historia del SMI en nuestro país es de éxito», sostuvo Díaz, que lo definió como la mejor herramienta contra la pobreza laboral y como una política feminista por excelencia.
La patronal, otra vez fuera
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ya ha marcado distancias. Su presidente, Antonio Garamendi, ve un «tinte electoral» en la tramitación acelerada. También reprocha al Gobierno que se centre en subir salarios en lugar de abordar la productividad o las bajas laborales. No es una posición nueva. De todas las subidas impulsadas por Díaz, la patronal solo respaldó la primera, en 2020, cuando el SMI pasó de 900 a 950 euros. La de este año, de 37 euros, salió adelante con el acuerdo de Trabajo, CC OO y UGT, y con el rechazo de la CEOE y Cepyme.
El ministerio tiene margen para seguir adelante sin las organizaciones empresariales. La ley solo le obliga a consultar a patronal y sindicatos, no a cerrar un acuerdo. La subida se aprueba además por real decreto, sin necesidad de convalidación parlamentaria, lo que deja en manos de Trabajo el control de los tiempos. Aun así, Díaz expresó su deseo de alcanzar un consenso en la mesa de diálogo social y de cerrar la negociación «lo más rápido posible». Las empresas, insistió, deben conocer el 1 de enero cuál será el nuevo salario mínimo.
Las condiciones sindicales
Comisiones Obreras (CC OO) ya ha avisado de que la subida debería superar el 5%. Pero el apoyo sindical no depende solo del porcentaje. El último acuerdo incluía un compromiso del Gobierno que acumula retraso, que consiste en impedir por decreto que las empresas absorban la subida eliminando pluses salariales. Las centrales firmaron entonces condicionándolo a ese cambio. Díaz aseguró que la medida está en el «carril administrativo», sin precisar cuándo se aprobará.
A esa reclamación se suma el refuerzo del registro horario, que CC OO y la Unión General de Trabajadores (UGT) quieren ver en el Boletín Oficial del Estado antes de las elecciones. Le conceden tanta importancia que han advertido de que, sin ambas reformas, no firmarán más acuerdos con el Gobierno. Queda pendiente también la tributación del SMI en el impuesto sobre la renta (IRPF). Tras el duro choque entre Trabajo y Hacienda de hace dos años, podría recuperarse la fórmula de la última edición, que eleva la deducción para que los perceptores del salario mínimo no acaben tributando.
