El Barómetro de Vivienda del CIS, realizado en junio y publicado en plena precampaña, revela que tres de cada cuatro españoles apoyan intervenir el mercado. Limitar los pisos turísticos, congelar los alquileres o gravar a los grandes tenedores cuenta con amplias mayorías, aunque las expropiaciones dividen. El 79% prioriza la vivienda como derecho frente a un 13,5% que la concibe como bien de mercado.
Tres de cada cuatro españoles quieren que el Estado intervenga en el mercado de la vivienda tanto como sea necesario para garantizar el acceso de todos a un hogar. Así lo refleja el Barómetro de Vivienda del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado este jueves en plena precampaña y realizado entre el 22 y el 30 de junio, mucho antes del desahucio y la muerte de Maricarmen Abascal. El 76,3% respalda esa intervención, frente al 18,8% que prefiere dejar actuar a la oferta y la demanda.
El estudio llega en un momento políticamente delicado. Sus resultados avalan buena parte de las medidas que el Gobierno incluyó en los decretos que PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso hace una semana, un rechazo que precipitó la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre. El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar esas normas, una de las cuales entró en vigor ayer, y la Diputación Permanente deberá pronunciarse antes de los comicios. La publicación coincide además con el anuncio de una huelga general para el 11 de noviembre.
Consenso para intervenir
El respaldo a la vivienda pública es casi unánime. Un 91,4% considera que las administraciones deberían construir más que en la actualidad, y un 76,3% apoya la creación de una empresa pública estatal de vivienda. El 83,1% es partidario de recuperar viviendas públicas vendidas a empresas, como se ha hecho con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Son mayorías muy amplias que dibujan una demanda social difícil de ignorar en cualquier programa electoral.
Las medidas que afectan directamente a los grandes propietarios también cuentan con apoyo mayoritario. El 75,6% se muestra a favor de limitar los pisos turísticos, frente al 19,5% que se opone, y el 70,6% respalda congelar los precios del alquiler durante dos años. Un 72% apoya subir los impuestos a los grandes tenedores, aquellos que poseen diez viviendas o más, y solo un 25,1% lo rechaza. Ninguna de estas propuestas se limita a ser una reivindicación de los movimientos de inquilinos. Todas reflejan una posición compartida por la mayoría de la población.
Esa mayoría social contrasta con el bloqueo parlamentario. PP, Vox y Junts votaron contra unos decretos cuyas líneas maestras, según el CIS, cuentan con el respaldo de amplias mayorías. La información publicada no desglosa los resultados por recuerdo de voto, por lo que no permite saber cuántos votantes conservadores comparten estas posiciones. Sí indica con claridad que las propuestas frenadas en el Congreso no representan una postura minoritaria ni un exceso ideológico del Gobierno, sino una demanda extendida en la sociedad.
Las expropiaciones dividen
El consenso se rompe cuando se trata de expropiar. La idea, que en su momento sugirió Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, divide a la población. Un 49,9% está a favor de expropiar suelo para construir vivienda pública, frente al 43,6% que se opone. El rechazo es mayoritario en el caso de las viviendas vacías, ya que el 54,3% se opone a expropiarlas y solo el 40% lo apoyaría. La medida con más respaldo de todo el sondeo, con un 95,4%, es la rebaja de impuestos en la compra de la primera vivienda.
El estudio revela también una notable confusión sobre quién decide en materia de vivienda. El 45% de los encuestados cree que el Estado debería tener más competencias, pero solo un 36% sabe que estas recaen mayoritariamente en las comunidades autónomas. El dato no es menor en plena precampaña. La Comunidad de Madrid gestiona buena parte de las herramientas de vivienda en la región mientras su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, atribuye al Ejecutivo de Pedro Sánchez la responsabilidad del desahucio de Maricarmen.
Un derecho antes que un negocio
La encuesta retrata además la distancia entre aspiración y realidad. Nueve de cada diez españoles desean comprar una casa, y ocho de cada diez de quienes no pueden hacerlo señalan que carecen de ahorros para la entrada. El 55% vive en una vivienda en propiedad, el 24,1% de alquiler y el 20% en una casa cedida o sin pagar renta. Entre los inquilinos, el 32,7% cree que paga más de lo que marca el mercado, frente al 39% que considera su alquiler acorde y el 23,6% que lo sitúa por debajo.
El dato de mayor calado político es otro. El 79% de los encuestados considera que la política de vivienda debe priorizar el acceso a un hogar como derecho constitucional, mientras que solo el 13,5% cree que debe tratarse como un bien de mercado. La proporción, de casi seis a uno, define con nitidez el marco en el que se librará buena parte de la campaña. Y sitúa a los partidos que han bloqueado las medidas de vivienda frente a una mayoría que pide al Estado que actúe.
La Diputación Permanente del Congreso debatirá el próximo viernes la convalidación de los decretos, y la votación medirá si PP, Vox y Junts mantienen su rechazo. Los datos del CIS se recogieron antes de que la muerte de Maricarmen convirtiera la vivienda en el eje de la precampaña. El próximo barómetro permitirá comprobar si ese consenso social se ha ampliado desde junio.
