El alto tribunal anula por unanimidad la reforma de 2025 que endurecía los requisitos para crear universidades, sin entrar a valorar su contenido. Los magistrados concluyen que el Gobierno no justificó la tramitación urgente con la que evitó la consulta pública. El fallo responde al recurso de Baleares, gobernada por el PP, y abre la puerta a los proyectos privados que la norma frenaba. Pedro Sánchez anuncia ya un nuevo decreto.
El Tribunal Supremo ha anulado la modificación del real decreto de universidades que el Gobierno aprobó en octubre de 2025 para cerrar el paso a centros sin garantías de calidad, las llamadas universidades chiringuito. La Sala de lo Contencioso-Administrativo no ha examinado el contenido de la norma. Su decisión, adoptada por unanimidad de los siete magistrados, se apoya en un defecto de procedimiento. Según la sentencia, el Ejecutivo recurrió a la tramitación urgente y prescindió de la consulta pública que exige la Ley del Gobierno sin acreditar las circunstancias extraordinarias que lo permitirían.
El fallo resuelve el primero de los recursos presentados, el del Gobierno balear, y lo adelantó el diario Abc. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió en la red social X que el Ejecutivo acata la decisión y que ya trabaja en una nueva norma para «evitar que la Universidad se convierta en un negocio». A su juicio, la universidad pública está «bajo asedio» y la proliferación descontrolada de centros privados perjudica tanto la calidad del sistema como la igualdad de oportunidades.
Una urgencia sin argumentos
El debate se ha centrado en el acuerdo del Consejo de Ministros del 1 de abril de 2025 que activó la vía urgente. Para el tribunal, ese acuerdo no expone las razones que la justificaban. Los magistrados reprochan que el preámbulo del real decreto «no dedica un solo párrafo» a explicar esa decisión y que ni siquiera menciona el acuerdo que la adoptó. La sentencia sostiene, además, que no se aprecia ninguna circunstancia que vincule la urgencia con el contenido que se pretendía dar a la norma.
El Gobierno alegó que convenía hacer públicos cuanto antes los nuevos requisitos para reforzar la seguridad jurídica del sector. Defendió también que el marco debía estar aprobado para el curso 2025-2026. El Supremo considera que ese argumento refleja más una voluntad política de acelerar la entrada en vigor que una causa objetiva. Echa en falta la acreditación de daños concretos que la normativa anterior estuviera provocando y que obligaran a actuar sin esperar al procedimiento ordinario.
Los campus privados detrás del recurso
La norma fue recurrida por dos gobiernos autonómicos del PP, la Comunidad de Madrid y Baleares, además del Grupo CEU, la Universidad Hespérides y cuatro universidades extranjeras con sede en España (CIS, Schiller, Saint Louis y Francisco Marroquín). El interés de las dos comunidades tiene una traducción concreta. Madrid tiene tres proyectos de universidad privada sobre la mesa y Baleares acaba de autorizar uno, de modo que el endurecimiento de los requisitos afectaba directamente a sus planes.
El precedente ayuda a medir el alcance del fallo. En 2021, cuando se aprobó la primera versión del decreto, con criterios más laxos, solo la Universidad Europea del Atlántico la recurrió. Entonces el Supremo sí entró en el fondo y desestimó el recurso en 2022 con una advertencia inequívoca. Pretender que las privadas operen sin regulación resultaba, a juicio del tribunal, «manifiestamente insostenible». La sentencia actual no revisa aquel criterio, porque no se pronuncia sobre los requisitos, sino sobre la forma en que se aprobaron.
Requisitos que frenaban la expansión
La reforma de 2025 contó con el respaldo de la conferencia de rectores y de los estudiantes de la red pública. Exigía a cada universidad tres escuelas de doctorado, destinar el 5% de su presupuesto a investigación, obtener el 2% de sus fondos en convocatorias competitivas y contar con una plantilla en la que la mitad del profesorado de grado fuese doctor. Las cifras del sistema explican la preocupación del Gobierno. España cuenta con 50 universidades públicas y 49 privadas, y estas últimas están a punto de superar a las primeras.
La pieza clave era el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de su equivalente autonómico. Hasta octubre de 2025, el análisis de los técnicos del ministerio era preceptivo pero no vinculante, y los parlamentos autonómicos aprobaron proyectos pese a recibir un dictamen negativo. Ese nuevo filtro frenaba la progresión de los campus privados y fue el principal motivo de los recursos de Madrid y Baleares.
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) cargó contra el fallo en un comunicado. Considera difícil de entender que se cuestione la urgencia cuando la rápida creación de nuevas universidades «no es una cuestión hipotética ni futura». El Gobierno tendrá ahora que rehacer la norma, ya sea por la vía ordinaria o justificando debidamente la urgencia. Mientras tanto, el sistema universitario pierde el filtro que pretendía contener la expansión acelerada de los centros privados.
