Tras siete meses de juicio, los fiscales argentinos solicitan penas de entre cuatro y doce años de cárcel para seis integrantes del equipo sanitario que atendió al futbolista antes de su fallecimiento. Las defensas rechazan las acusaciones y cuestionan las responsabilidades atribuidas.
La Fiscalía argentina solicitó penas de entre cuatro y doce años de prisión para seis profesionales que participaron en la atención médica de Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria, previa a su muerte el 25 de noviembre de 2020. El fiscal Patricio Ferrari formuló las peticiones durante el inicio de los alegatos finales del proceso celebrado en San Isidro, al norte de Buenos Aires, después de casi 45 audiencias y más de un centenar de declaraciones. Para la acusación, el fallecimiento del exfutbolista, ocurrido a los 60 años por un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio, fue evitable y estuvo precedido por graves deficiencias asistenciales. Los acusados, por su parte, niegan haber cometido los delitos que se les imputan.
Las penas más elevadas fueron solicitadas para el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque, para quien la Fiscalía reclama doce años de prisión; Nancy Forlini, coordinadora de la empresa de medicina privada, para quien pide diez años; y la psiquiatra Agustina Cosachov, contra quien solicita ocho años. Los tres están acusados de homicidio con dolo eventual, figura jurídica que exige demostrar que conocían la posibilidad de un resultado mortal y aceptaron ese riesgo. El Ministerio Público también pidió diez años de inhabilitación profesional para estos tres imputados. En cuanto a otros miembros del equipo sanitario —un psicólogo, un enfermero y un coordinador de enfermería—, las penas solicitadas oscilan entre cuatro y cinco años por homicidio culposo, vinculado a conductas negligentes o imprudentes.
Una atención domiciliaria bajo cuestionamiento
Durante sus alegatos, Ferrari sostuvo que los profesionales incumplieron sus obligaciones, omitieron actuaciones necesarias y dejaron al paciente en una situación de desprotección. El fiscal Cosme Iribarren reforzó esa interpretación al afirmar que la muerte de Maradona podía haberse evitado mediante una atención adecuada. La acusación considera que el equipo sanitario no garantizó las condiciones necesarias para asistir a un paciente con un cuadro clínico complejo, que se recuperaba de una intervención por un hematoma subdural practicada el 3 de noviembre de 2020. Estas conclusiones constituyen la posición de los fiscales y deberán ser valoradas por el tribunal antes de cualquier eventual condena.
La audiencia estuvo marcada por momentos de fuerte emoción cuando los representantes del Ministerio Público exhibieron fotografías del futbolista después de su fallecimiento. Sus hijas Dalma, Gianinna y Jana, presentes en la sala, rompieron a llorar. La Fiscalía también cuestionó que los acusados hubieran intentado trasladar sus responsabilidades a otros integrantes del equipo, una estrategia que, según su interpretación, habría dificultado establecer quién debía garantizar cada aspecto de la atención domiciliaria. En un giro relevante del proceso, decidió no mantener la acusación contra el médico clínico Pedro Di Spagna, uno de los siete imputados inicialmente.
La defensa cuestiona la acusación más grave
Los abogados defensores rechazan la interpretación de los fiscales y sostienen que no se han demostrado los elementos necesarios para atribuir responsabilidad penal a sus representados. Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, afirmó que no se había acreditado el dolo eventual, uno de los puntos centrales de la acusación. La diferencia entre una conducta negligente y la aceptación consciente de un riesgo mortal resulta determinante para la calificación jurídica de los hechos y para las posibles penas.
Por su parte, Eduardo Ramírez, abogado del hijo mayor de Maradona, Diego Junior, respaldó las conclusiones generales de la Fiscalía, aunque reclamó diez años de prisión para Cosachov, dos más de los solicitados por el Ministerio Público. También pidió la detención de Luque, Forlini y Cosachov en caso de condena, mientras que Ferrari solicitó restricciones para impedir que los acusados abandonen el país, sin reclamar su encarcelamiento inmediato.
El juicio entra así en una fase decisiva, seis años después de la muerte de una de las mayores figuras de la historia del fútbol. Más allá de la repercusión internacional del caso, el proceso plantea una cuestión de profundo alcance sanitario y jurídico: hasta dónde llega la responsabilidad de quienes asumen el cuidado de un paciente vulnerable y qué pruebas son necesarias para transformar una posible deficiencia médica en responsabilidad penal. La respuesta corresponderá al tribunal, que deberá valorar tanto las acusaciones como los argumentos de las defensas antes de dictar sentencia.
