El líder del PP, que llegó a presidir Correos, asegura que no confía en sus directivos y anuncia nuevas medidas ante la Junta Electoral Central. Sin aportar un solo indicio de irregularidad, asume el relato de Ayuso y Vox y traslada la sospecha a un sistema electoral cuyos controles han demostrado su eficacia, con un coste evidente para la confianza democrática.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP) y candidato a las elecciones generales del 29 de noviembre, ha dejado de mantenerse al margen. Tras evitar pronunciarse sobre los mensajes de Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal contra el voto por correo, el líder conservador asumió en Ceuta el mismo marco. Dijo confiar plenamente en los carteros y en los empleados públicos de la empresa, pero dejó caer una advertencia medida. «No confío en los directivos de Correos», afirmó. El matiz no rebaja la sospecha. La desplaza hacia arriba, hacia quienes gestionan el proceso.
Feijóo anunció además que su partido propondrá a la Junta Electoral Central (JEC) medidas adicionales para reforzar las garantías del voto por correo, sin precisar cuáles. Para justificar su recelo citó a Leire Díez, exmilitante socialista que fue directiva de Correos y que está investigada en una causa ajena al proceso electoral. Ninguna de sus palabras vino acompañada de un dato que apunte a irregularidades. Lo que está en juego ya no es la eficiencia de una empresa pública, sino la confianza en la limpieza de unas elecciones.
Del despacho de Correos a la sospecha
La posición de Feijóo resulta especialmente llamativa por su biografía. Presidió Correos entre 2000 y 2003, durante el segundo Gobierno de José María Aznar, y conoce un procedimiento en el que la dirección de la empresa no decide nada relevante sobre el destino de los votos. En la campaña de 2023 ya pidió a los carteros que repartieran la documentación electoral con independencia de sus jefes. Correos respondió entonces que el sistema era seguro y garantista, y el récord de voto postal desmintió cualquier colapso.
La diferencia ahora es de alcance. La sospecha ya no la formulan solo la presidenta madrileña o la ultraderecha, sino quien aspira a gobernar el país. Cuando el principal líder de la oposición insinúa que alguien puede alterar el voto, no critica una gestión. Pone en duda las reglas que deben aceptar ganadores y perdedores. El ministro de Transportes, Óscar Puente, acusó al PP de sembrar dudas y resumió su reproche con dureza. «Hace falta ser muy malvado y muy ignorante», afirmó.
Un relato que se extiende
El giro de Feijóo da cobertura a un discurso que ya circulaba por el partido. Borja Sémper, portavoz nacional del PP, había defendido que el sistema es «garantista» y animó a votar por cualquier vía. Después admitió mantener prevenciones por los precedentes que atribuye a Pedro Sánchez. Jorge Azcón, presidente de Aragón, anunció que traerá a sus hijos a votar a Zaragoza en lugar de que lo hagan por correo. Su vicepresidente, Alejandro Nolasco, de Vox, pidió priorizar el voto presencial.
En Andalucía, el mensaje ha calado con rapidez. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, advirtió en Sevilla de que su partido estará muy vigilante para que la JEC garantice la limpieza del voto. Toni Martín, portavoz popular en el Parlamento andaluz, calificó a Sánchez de tramposo y le acusó de alterar el censo. Javier Cortés, portavoz de Vox en la Cámara andaluza, fue más lejos. Habló de compra de votos y suplantación de identidad y advirtió a los electores de que «no se pueden confiar».
Lo que se pone en duda
La insinuación compartida choca con el diseño del procedimiento. El ciudadano debe identificarse al solicitar el voto y al recibir la documentación. Desde 2023, por decisión de la JEC, también debe hacerlo al entregar el sobre en la oficina. La supervisión no corresponde a la dirección de Correos ni al Gobierno. La JEC está formada por 13 miembros, ocho de ellos magistrados del Tribunal Supremo designados por sorteo, y dirige un proceso que ejecuta la Oficina del Censo Electoral. Los interventores de todos los partidos, PP y Vox incluidos, presencian el escrutinio.
Los casos de Melilla y Mojácar en las municipales de 2023 demuestran que los controles funcionan. Las irregularidades se detectaron, se investigaron y llevaron a endurecer las exigencias. Es justo lo contrario de lo que sugieren PP y Vox, que dibujan un mecanismo opaco que alguien podría manipular a voluntad. Tampoco han aportado una sola prueba de que exista ese riesgo. La coincidencia de la ofensiva con el arranque de la precampaña apunta a otra lógica, la de movilizar al electorado propio mediante el agravio y la desconfianza.
El precio de esa estrategia lo paga la confianza colectiva en las instituciones. Disuadir del voto por correo puede dejar sin votar a quienes estén lejos de su domicilio o no puedan desplazarse. Sembrar la idea de que el resultado puede estar amañado deja además preparado un argumento para no aceptarlo si es adverso. Feijóo prometió al llegar a Génova abandonar la política del tuit y rebajar la polarización. Al hacer suya la sospecha sobre las urnas, no deja de dividir y polarizar, asumiendo un coste democrático que va mucho más allá de la campaña.
